El pleno del Consell de Formentera ha celebrado hoy una sesión extraordinaria y urgente, convocada apenas 24 horas antes, en la que aprobó, con los votos a favor del equipo de gobierno (GxF y PSOE) y la abstención de Sa Unió, denegar la revisión de oficio a instancia de la empresa Sunway (propietaria del complejo turístico de Punta Prima), de la licencia urbanística otorgada por la institución, el 11 de mayo de 2012, a la entidad Morsanix. Esta licencia era para la construcción de una casa en la zona de Punta Gavina de 400 metros cuadrados, y que está vinculada al presidente de Ferrovial, Rafael del Pino.
La decisión del pleno se produce cuando roza el plazo de seis meses desde que fue incoado el expediente para la revisión de la licencia por orden del Tribunal Supremo, y se basa en el dictamen preceptivo del Consell Consultiu, que considera que todo el proceso de concesión de esa licencia fue correcto por parte del Consell, por lo que su dictamen es «desfavorable» a la revisión de esa licencia.
Ahora queda abierta la vía de lo contencioso administrativo por parte de Sunway, un paso que el propio conseller insular de Economía y Hacienda, Bartomeu Escandell, da por seguro.
En su intervención, el conseller y también portavoz del equipo de gobierno, manifestó: «Con este dictamen del Consell Consultiu se pone de manifiesto la buena praxis de los servicios técnicos y jurídicos del Consell de Formentera».
«Con este dictamen del Consell Consultiu se pone de manifiesto la buena praxis de los servicios técnicos y jurídicos del Consell de Formentera»
La satisfacción del conseller quedó reflejada en sus palabras: «Creo que es un buen día para Formentera y un mal día para aquellos que cuestionan y siembran dudas de forma continuada sobre las actuaciones del Consell» en materia urbanística. Un mensaje que iba claramente dirigido a los partidos que durante la pasada legislatura estaban en la oposición y criticaron la forma de actuar del área de Urbanismo, especialmente en relación al caso de Punta Prima.
El portavoz de la oposición de Sa Unió (coalición de independientes, Compromís y PP), Llorenç Córdoba, calificó la intervención del conseller como «un alegato de campaña electoral», más allá del dictamen del Consell Consultiu sobre la actuación del Consell. A pesar de mostrarse de acuerdo «con el fondo» de la propuesta, justificó la postura de su grupo, Sa Unió, por no haber tenido tiempo para analizar detenidamente y realizar consultas sobre el dictamen, que llegó el pasado 28 de diciembre al Consell. Córdoba reconoció, no obstante, que estaban de acuerdo con los informes de los técnicos del Consell y con el dictamen del Consultiu, pero su voto fue la abstención.
El secretario del Consell, Ángel Custodio Navarro, explicó al inicio de la sesión el motivo de la premura de la convocatoria, debido a que la incoación del correspondiente expediente fue en mayo de este año y el plazo era de seis meses para aprobar o denegar esa revisión de licencia.
Ahora, la empresa Sunway puede recurrir a la vía judicial del contencioso administrativo contra esta resolución.
Una posibilidad que el propio conseller de Hacienda, Bartomeu Escandell, dio por «segura» ya que el promotor «tiene dinero y tiempo» para hacerlo, sin olvidar que mantiene abiertos varios pleitos contra el Consell por el caso Punta Prima.
