El chalé patera de Sant Antoni utiliza un generador para disponer de electricidad porque la compañía Endesa les ha cortado el suministro a petición del Ayuntamiento. Endesa dijo ayer que no puede asegurar con certeza cuándo cortó el suministro y, por su parte, Sant Antoni explicó que ya ha pedido a la compañía que restablezca el servicio «a la mayor brevedad en consideración a que en esta vivienda reside un número de terceras personas, distintas del titular».
«Con el fin de salvaguardar los derechos de estas terceras personas, se ha enviado un nuevo decreto solicitando a los suministradores que dejen sin efecto la instrucción anterior y a Endesa que restablezca el servicio a la mayor brevedad», añadieron desde el Ayuntamiento.
Sant Antoni pidió a Endesa que cortara la luz a partir del día 30, que era cuando estaba previsto precintar el chalé patera, algo que finalmente no fue posible porque el Ayuntamiento no disponía de orden judicial.
A raíz del corte del suministro, el responsable del chalé ha instalado un generador junto a de la piscina que, según testigos, es muy ruidoso y causa molestias en el vecindario. El generador lo apagan a medianoche y cesa el ruido, pero también el suministro eléctrico. Al parecer, algunos de los huéspedes ya han abandonado el famoso chalé, pero aún quedan muchos.
Auxilio judicial
Auxilio judicial
El Ayuntamiento ha anunciado que pedirá «auxilio judicial» para poder precintar el chalé patera, que hace unos días albergaba a cerca de un centenar de personas.
A raíz de la negativa del responsable a cerrar al público este lugar, el Consistorio anunció que emprende la vía judicial con el fin de que un juez autorice una orden para desalojar el inmueble y poder proceder así al precinto.
Además de la vía judicial, la Administración municipal iniciará a partir de ahora la imposición de multas coercitivas.
Por una parte, superado el plazo para presentar proyecto de demolición, el Consistorio impondrá multas por valor del 10% de la obra, es decir, unos 106.000 euros mensuales.
Por otro, también se le multará por no paralizar los usos. En este caso, estas sanciones también ascienden al 10% del valor de la obra con una periodicidad mínima de diez días.
El pasado día 30 a mediodía, varios agentes de la Policía Local de Sant Antoni y cuatro de la Guardia Civil acompañaron a la inspectora de Actividades del Ayuntamiento de Sant Antoni hasta esta vivienda, ubicada en el número 2 de la calle General Gotarredona, para notificarle la resolución del recurso presentado el pasado viernes ante el Consistorio. Por su parte, el propietario del inmueble, Agustín Sales, impidió el precinto de la vivienda, ya que el Ayuntamiento no pudo presentar orden judicial.
Según el Ayuntamiento de Sant Antoni, Sales no sólo no aceptó la orden municipal de desalojo, sino que anunció la interposición de un recurso contencioso contra el Consistorio.
