El alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, aspira a crear un cuerpo inspector propio que se destine a perseguir la oferta ilegal del alquiler turístico en la ciudad, aunque al mismo tiempo reconoce que, pese a contar con los recursos económicos necesarios para hacerlo, «ahora mismo es inviable» ante la imposibilidad de contratar más personal por culpa de las restricciones que marca «la Ley Montoro».
El equipo de gobierno ya ha hecho «un trabajo previo». El propio alcalde viajó a Barcelona para conocer los medios con los que el Ayuntamiento que gobierna Ada Colau trata de combatir la creciente oferta ilegal de alquileres vacacionales. «Cuentan con un equipo de 25 personas que controlan tanto las ofertas por Internet como la calle. Es un departamento exclusivo para perseguir esta actividad irregular. Yo aspiro a tener un departamento similar», asegura.
Ruiz está dispuesto a crear este cuerpo por su cuenta «o conjuntamente» con la institución insular, que es a la que le compete. «Pero si no quiere o no puede [el Consell], me ofreceré para firmar un convenio y ayudar. De hecho, todo lo que aprobamos en el último Consell de Alcaldes [el protocolo de actuaciones conjunto para combatir la oferta turística ilegal] nace de esta colaboración necesaria. El Consell no tiene policía local», recuerda.
Sólo seis inspectores turísticos
El Consell de Ibiza cuenta actualmente con sólo seis inspectores de turismo que se dedican al control de todo tipo de actividades, no sólo el alquiler vacacional.
«Del mismo modo que Vila cuenta con una unidad de Medio Ambiente, podemos formar otra de control de pisos turísticos. Pero con la plantilla actual de la Policía Local, no contamos con efectivos suficientes», advierte, al tiempo que destaca que no sólo se requiere un cuerpo inspector en la calle, sino también en la oficina rastreando las ofertas de Internet.
En este sentido, el alcalde señala que la persecución de esta actividad es «difícil». «Hay ayuntamientos que disponen de medios, como el caso de Barcelona, a los que les está costando muchísimo controlarlo porque esta actividad es como una culebra que se escapa por diversas vías», añade.
Ruiz defiende que su gobierno fue «el primero» en alertar de las consecuencias de la proliferación del alquiler turístico ilegal y que «había que frenarlo». «Nos costó hacerlo entender y fuimos criticados. Había incluso visiones distintas en mi partido», apunta. Vila ha decidido impedir la autorización de nuevas licencias de alquiler vacacional en su municipio, incluso en viviendas unifamiliares.
El alcalde sostiene que el alquiler de viviendas a través de las grandes plataformas es «una lacra» y la causa principal del problema de la falta de vivienda en la isla. Ahora pide recursos para formar una unidad de control para combatir la oferta ilegal. Esta iniciativa, en todo caso, resulta ahora «inviable». «Tengo presupuesto pare ello pero no me dejan contratar personal, y al Consell tampoco», insiste.
Torres exige «una ley urgente»
Precisamente, el presidente del Consell, Vicent Torres, exigió ayer al Gobierno central, en la comisión de diputaciones, cabildos y consells de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la aprobación de «una ley urgente» que habilite a las entidades locales a hacer uso de los superávits presupuestarios sin las restricciones que impone.
Torres denunció que no se puede mantener la situación actual, que «empieza a ser dramática», en la que el Estado no deja a las corporaciones locales «gastar el dinero que tienen en los bancos para mejorar los servicios que prestan». Además del techo de gasto, la FEMP abordó los problemas que causa la «muy restrictiva» tasa de reposición de personal. «Las limitaciones en la contratación de personal están degradando los servicios públicos de una forma alarmante porque nos vemos incapaces de atender todas las competencias con la calidad que merecen los ciudadanos», remarcó.
