Justicia sanciona a la secretaria judicial por la tramitación del caso de Sara Calleja

Fuentes del gabinete de comunicación de este Ministerio han explicado que a Martínez se le ha impuesto una multa de 500 euros por haber cometido una «falta grave» por «negligencia o retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas», según el artículo 468 bis 2 f) de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación al artículo 155.6 del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

Según las mismas fuentes, la citada cuantía ya ha sido pagada por la letrada de la Administración de Justicia y el expediente disciplinario abierto contra ella se encuentra, por tanto, «archivado y ejecutado». Asimismo, aclararon que la sanción impuesta era tan solo económica y que no llevaba aparejada suspensión alguna.

Denuncias sin tramitar

Denuncias sin tramitar

Cuando murió Sara Calleja, se descubrió que las dos denuncias que había presentado en la comisaría de Ibiza contra su presunto acosador habían llegado al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Ibiza pero no se habían tramitado. «No tenían ni número», apuntaron entonces fuentes conocedoras de lo sucedido, que aseguraron que estaban «en secretaría», en el despacho de la entonces secretaria Francisca Martínez.

Esto sucedió en unos meses de «tensiones y disfunciones» vividas en esta instancia judicial -que llegó a tener a cuatro de los siete funcionarios de baja- y denuncias de sobrecarga de trabajo de unos respecto a otros en una oficina cuya responsable era Martínez.

La ex secretaria judicial -figura ahora denominada letrada de la Administración de Justicia- explicó entonces a este diario que algunas causas que estaban tramitando esos funcionarios se guardaron en de su «armario de seguridad» mientras se comprobaban, si bien negó que hubiera expedientes que estuvieran «parados».

«Los expedientes se recogieron para estudiarlos, para minutarlos, para comprobar lo que había pendiente; en fin, para trabajar. Unos se enviaron según los trámites a Fiscalía, otros se quedaron en el despacho, otros se asignaron a los funcionarios que estaban presentes, según la prioridad o el contenido del trámite», indicó Martínez, quien no recordaba qué sucedió en concreto con las denuncias de Sara Calleja.

«Como estábamos sólo con tres funcionarios y sin juez [también de baja], atendíamos los asuntos urgentes y esto no vino como urgente», subrayó la letrada de la Administración de Justicia, quien en la fecha en que murió la mujer ya no estaba en el juzgado de Ibiza pues había cambiado de destino.

Por todo ello, Justicia abrió una investigación acerca del funcionamiento de esta instancia, confirmó en octubre la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, en una visita a la isla. Roldán comentó que querían aclarar cuáles eran «las causas, si es que se ha producido alguna anomalía», que hubieran podido «generar un deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia». Y apuntó que se habían abierto «dos expedientes disciplinarios contra funcionarios», pero sin dar más detalles.

Inspección del CGPJ

Inspección del CGPJ

Precisamente en el mes de septiembre de 2015 la secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), que depende del Ministerio de Justicia, abrió una «información previa» en el marco de la cual se hizo «una inspección a la actuación de la letrada», informaron entonces fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Asimismo, en noviembre de ese año, personal del CGPJ se desplazó a Ibiza para realizar una inspección «extraordinaria» al Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Un total de cuatro inspectores permanecieron dos días en la isla y se entrevistaron con el juez titular, la actual secretaria -que ya no era Martínez- y los funcionarios, y se revisaron los procedimientos tramitados y en trámite.

Como resultado de esta inspección, se acordó remitir el acta de la misma «al promotor de acción disciplinaria del CGPJ, por si la actuación del magistrado titular de la citada causa [de Sara Calleja] mereciera reproche disciplinario», así como «a la secretaria de Gobierno del TSJB, por si la actuación de la letrada de la Administración de Justicia mereciera reproche disciplinario».

Respecto al juez, se abrieron diligencias informativas el 16 de febrero de 2016, que se archivaron unos meses después. Y es que aunque se reconocía que hubo retraso en la incoación de la causa, se concluyó que la misma no tuvo su origen en la actuación del juez, que estaba de baja, ni en la de los magistrados que le sustituyeron, sino en «la compleja y conflictiva situación del juzgado».

De la misma forma, el promotor de la acción disciplinaria desvinculó el suicidio de Sara Calleja de la «deficiente tramitación de la causa».

Expediente a la secretaria

Expediente a la secretaria

Respecto a Martínez, la información previa abierta en septiembre de 2015 conllevó la apertura de un expediente disciplinario en el mes de diciembre de ese año, que se estaba tramitando cuando llegó la recomendación del CGPJ de investigar si su actuación merecía reproche disciplinario.

Dicho expediente continuó su trámite y el 7 de diciembre de 2016 el secretario general de la Administración de Justicia acordó imponer a Francisca Martínez la sanción de 500 euros por la comisión de una falta grave, detallan fuentes del Ministerio de Justicia.

El 14 de febrero de 2017, dicha sanción fue declarada firme, por lo que se procedió a su ejecución, agregaron las mismas fuentes.