Ocho inspectores de Trabajo en Ibiza y dos en Formentera se centrarán este verano, desde el 1 de julio y hasta que acabe agosto, en «zonas concretas» de estas islas donde tanto las organizaciones sindicales como empresariales han detectado que, posiblemente, existan bolsas de fraude laboral, según informó en rueda de prensa Iago Negueruela, conseller balear de Trabajo, Comercio e Industria.

Negueruela dio detalles del segundo plan de lucha contra la precariedad en el trabajo que emprende el nuevo Ejecutivo de la Comunitat Autònoma, impulsado para esta temporada tras el éxito que tuvo el llevado a cabo en 2015, cuando salieron a flote numerosos casos de empleados contratados de manera parcial o temporal que, por las horas que trabajaban, tendrían que ser indefinidos o fijos discontinuos.

Negueruela confía en que el plan tenga este año los mismos efectos «directos y disuasorios» que entonces, cuando mejoraron las condiciones laborales de 4.000 trabajadores de las islas, se disparó un 60,5% la conversión a contratos indefinidos, se duplicaron las transformaciones en fijos discontinuos y se produjo un aumento del 28% de las ampliaciones de jornada. De los 8.008 contratos de trabajo revisados por los inspectores hace un año, se detectaron irregularidades en un total de 1.987. De todos ellos, 551 estaban firmados en Ibiza (430) y Formentera (121). Los inspectores hallaron en las Pitiüses 93 contratos a tiempo parcial (72 en Ibiza y 21 en Formentera) que enmascaraban jornadas superiores y que finalmente derivaron en ampliaciones laborales.

Diez inspectores (además de un auxiliar administrativo), ocho de ellos en Ibiza y dos en Formentera, compondrán el equipo que se desplazará desde la Península a las Pitiüses para formar parte de este plan de actuación. En 2015 hubo ocho para ambas islas y dos de ellos visitaban periódicamente la menor de las Pitiüses. Está previsto que realicen 320 actuaciones en Ibiza y 80 en Formentera.

El objetivo es vigilar, especialmente, los contratos temporales y los contratos a tiempo parcial, así como comprobar el número de horas extra trabajadas. Cruzarán los datos que obran en los archivos del Govern, el SOIB y la Agencia Tributaria para comprobar qué empresas están cometiendo fraude. El conseller explicó que, por ejemplo, no entra dentro de la lógica que en un centro de trabajo todas las contrataciones sean temporales o que la parcialidad supere un determinado porcentaje. Esos «perfiles de fraude» serán los que principalmente persigan los inspectores, que no tendrán ni horas ni días concretos para hacer su labor, aunque todas las verificaciones «estarán planificadas» de acuerdo a los datos de las entidades económicas y laborales que han estudiado.

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Torres, comentó que tras la positiva experiencia del año 2015 era necesario repetir el plan de inspección «para reforzar los mecanismos de control sobre determinadas actividades económicas», desmantelados tras «cuatro años de relajación», los que gobernó el PP en la Comunitat Autònoma. Ese «descontrol» abarca, además, sectores como el del transporte y el turismo, según recordó. Este tipo de inspecciones facilitarán, señaló, «la lucha contra el intrusismo» y tendrán «beneficios tanto para empresarios como para trabajadores».

Precisamente, Iago Negueruela subrayó que el doble objetivo de este plan es mejorar la calidad del empleo y que el crecimiento económico redunde en un mayor bienestar laboral: «Que el trabajo sea digno y fomentar los empleos indefinidos», concretó. El conseller insistió en que se lleva a cabo con el consenso de sindicatos y organizaciones empresariales: «Vamos todos juntos, pues beneficia a toda la sociedad».

Negueruela advirtió de que la supuesta mejora de las contratación en las islas enmascara una triste realidad. La temporalidad es muy elevada (30%) y presenta una alta tasa de rotación: 1,99 contratos temporales en 2015, cuando en 2008 eran 1,77. Además, no se han recuperado las horas de trabajo previas al estallido de la crisis. En ese sentido, aportó el dato de que hay una bolsa de contratación a tiempo parcial del 23% de los cotizantes del régimen general, una tasa demasiado elevada que podría deberse a que no cotizan todas las horas que trabajan.