La consellera insular de Territorio y Movilidad, Pepa Marí, calificó ayer de «injustas» las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que condenan a la Comunitat Autònoma al pago de mas de 18 millones de euros (hay un sexto fallo judicial de 2,4 millones que se añade a los cinco publicados ayer por este diario) por la protección de parte de la urbanización de Roca Llisa mediante la ley 4/2008 aprobada por el anterior Govern balear progresista presidido por Francesc Antich.
Marí cree que las sentencias «no responden al interés general» que suponía, resaltó, «la protección de esta zona». En cuanto a los derechos de los propietarios afectados, la consellera reconoció que «hasta cierto punto se tienen que respetar siempre y cuando estén justificados con inversiones» sobre el terreno. También dijo que ha habido casos similares en que los tribunales han fallado en favor de la Administración.
La consellera indicó que los servicios jurídicos tanto del Govern como del Consell estudiarán «exhaustivamente» las sentencias para decidir la estrategia de defensa. Sobre la posibilidad de que aparezcan más sentencias similares de Benirràs o Punta Pedrera, zonas protegidas también mediante la misma ley, la consellera se limitó a expresar su «confianza» en que las resoluciones ahora conocidas «no sean definitivas». «No se puede prever nada cuando aún no es definitivo», dijo al ser preguntada sobre la posibilidad de que el Govern decida dar marcha atrás en la protección de este espacio para evitar el pago de las indemnizaciones, en el caso de que fueran confirmadas por el Supremo.
En contra de lo que afirma la consellera, el concejal de Urbanismo de Santa Eulària, Mariano Juan, ve «poco recorrido jurídico» a un eventual recurso de la Comunitat Autònoma ante el Tribunal Supremo ya que las sentencias están «bastante bien fundamentadas». «Antes los tribunales fallaban que no procedía el pago de indemnizaciones si no se había ejecutado íntegramente la urbanización de los terrenos, pero esto ya no es así desde hace mucho tiempo. Y cuando se aprobó la ley se sabía», advirtió. En todo caso, Juan entiende que el Govern tiene que recurrir e «intentar reducir el pago de las indemnizaciones».
«Una muerte anunciada»
Mariano Juan señala que el resultado de las seis sentencias dictadas hasta ahora son «la consecuencia» por parte del Govern del intento de proteger el territorio « a las bravas». «Es la crónica de una muerte anunciada», resaltó.
En este sentido, el concejal de Urbanismo defiende que se puede preservar zonas de la isla de valor ambiental «sin un coste millonario» y pone como ejemplo el acuerdo que ha alcanzado el Ayuntamiento con los propietarios de Cala Llenya para reducir «a una tercera parte» el desarrollo urbanístico previsto inicialmente.
Juan dice que puede «dar fe» de que en «los últimos tres o cuatro años» ha mantenido varias reuniones con los propietarios de Roca Llisa afectados por la ley 4/2008 en las que éstos le pedían que el Ayuntamiento intercediera por ellos ante el Govern para negociar la posible «reducción del aprovechamiento urbanístico o su traslado a otra zona» para llegar a un acuerdo y «retirar los contenciosos». La conselleria balear de Territorio rehusó ayer manifestarse sobre las sentencias y se limitó a decir que «se están evaluando y no son firmes».
