La jueza del Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza, Martina Rodríguez, dejó ayer visto para sentencia el caso de una extrabajadora de Privilege a la que los responsables de la empresa que administra esta discoteca del municipio de Sant Antoni acusan de quedarse con 30.000 euros propiedad de la compañía.
La acusación particular imputa a la mujer la presunta comisión de un delito de apropiación indebida, pero se conforma con la devolución del dinero que le reclama la empresa.
Por su parte, el representante del ministerio público pide la libre absolución de la acusada.
