El municipio de Sant Josep figura entre la lista de los diez más destruidos ecológicamente de España, según la última edición del informe Destrucción a toda Costa, que ayer hizo pública la organización ecologista Greenpeace. Este documento analiza los impactos urbanísticos provocados en la costa española, basándose en el uso de imágenes de satélite para determinar el grado de urbanización de los primeros 500 metros de costa.
El informe de Greenpeace evalúa cuáles de los casi 500 municipios costeros españoles han sufrido más las consecuencias de la última burbuja inmobiliaria y cuáles, por el contrario, están mejor conservados.
Sant Josep de sa Talaia figura en un primer listado de los 25 municipios costeros «más destruidos de España» como consecuencia de la expansión urbanística. Sin embargo, continúa apareciendo en un listado aún más restringido, de los ´Top 10 de la destrucción´, donde figura la decena de municipios más desfigurados por el ladrillo en el país. Aparte de Sant Josep, los otros nueve son Calp (Alicante), Calvià (Mallorca), Chiclana de la Frontera (Cádiz), Cubelles (Barcelona), Oliva (Valencia), Oropesa (Castellón), San Bartolomé de Tirajana (CAnarias), Vera (Almería) y Zierbana (Vizcaya).
Al referirse al caso concreto de Sant Josep, Greenpeace explica que su mayor impacto consiste en «grandes urbanizaciones, sobre todo difusas, en uno de los enclaves de costa más espectaculares de España». «En muchos tramos se ha privatizado de facto el acceso a la costa, con accesos cancelados y con hoteles ocupando primerísima línea de mar», añade el documento presentado en rueda de prensa.
Además, «una gran parte de ses Salines van a verse privatizadas por la nueva Ley de Costas».
Como ejemplo de la ineficacia de las figuras de protección ambiental de Sant Josep, Greenpeace afirma que «buena parte de la costa del municipio está protegida bajo la Red Natura 2000, lo que demuestra la ausencia de protección efectiva de los espacios declarados como protegidos».
La organización ecologista destaca que, en el conjunto de España, la reciente reforma de la Ley de Costas «supone una nueva herramienta para seguir urbanizando el litoral», pese a que la ocupación de la primera línea ya ha sido «masiva» durante los últimos años.
«Estos datos sirven para reflexionar sobre lo que ha sucedido y decidir qué tipo de gestión del litoral queremos en el futuro», añade el informe de la organización Greenpeace España.
