El presidente de la Autoridad Portuaria de Balears (APB), Alberto Pons, dejó ayer claro que este organismo no sucumbirá a las pretensiones del Ayuntamiento de Ibiza, cuya junta de portavoces se ha propuesto «recuperar el puerto para la ciudad». Pons destacó que «el puerto es de todos», es decir, de toda la isla y no solo de Vila, e invitó al Consistorio a hacer «una reflexión» si cree «que el puerto es de la ciudad». Recordó que los puertos de interés general los gestionan las autoridades portuarias amparadas por la Constitución y afirmó que le preocupa «que haya instituciones o personas que se quieran apropiar de ciertos conceptos».
El Plan de Usos que rechazan los responsables municipales se presentará la semana que viene al consejo de administración de Puertos y entonces, indicó Pons, todos los interesados «podrán opinar sobre si ciertos espacios deben ser portuarios o no». El presidente de la APB señaló que este organismo no tiene ningún interés en acumular patrimonio y que está dispuesto a negociar con cualquier institución para llegar a un acuerdo. Sin embargo, destacó que su misión es «defender que haya un rendimiento sobre todo espacio que tenga una función portuaria». De este modo, invita al Consistorio a firmar un convenio que le permitiría seguir cobrando autorizaciones de ocupación de vía pública a las terrazas de la Marina, aunque la institución debería pagar un canon o entregar alguna otra contraprestación a la Autoridad Portuaria. Para conseguir ya no la gestión sino la titularidad de estos espacios, el Ayuntamiento deberá iniciar un largo proceso administrativo para que Puertos del Estado y, finalmente, el Ministerio de Fomento, decidan si se desafecta alguna de las zonas que la APB señala como de su propiedad.
«Por y para la isla»
Pons, que recordó que en los últimos diez años la APB ha invertido «más de 100 millones en el puerto de Ibiza», pidió que se contemple a este organismo como una institución «de la isla, que trabaja por y para la isla». No obstante, descartó la posibilidad de desafectar el antiguo puerto, desde el Club Náutico hasta el Muro, tal y como reclama Vila. Señaló que marinas, varaderos y clubes náuticos deben depender del gestor portuario, pero añadió que «si en esa zona hay un área susceptible de uso ciudadano puro y duro, se puede hablar». Tampoco acepta restringir el límite del dominio portuario hasta el cantil, como pretende la junta de portavoces municipales. Recuerda que en los muelles «no solo atracan barcos» y que «hay una logística que preservar», pero animó al Consistorio a iniciar los trámites para reclamar el uso de determinadas áreas. En el caso de las terrazas, hasta ahora gestionadas por Vila, señaló: «Hay unos procesos administrativos que hay que cumplir, iniciémoslos y lleguemos al acuerdo que se pretenda».
Para la APB, el hecho de que buen aparte de la fachada marítima de Vila vaya a salir a concurso y pase a ser gestionada por marinas privadas no significa que la zona deje de ser de interés general.
«La APB ni se come ni se queda» con nada, señaló respecto a las áreas que el Plan de Usos señala como de su titularidad en contra del criterio del Ayuntamiento. «Cumplimos estrictamente la ley. Donde estamos ejecutando obras es porque es terreno de la APB», insistió y añadió que las terrazas son del organismo portuario «pero desde hace décadas».
Pons atribuyó la actual actitud del Consistorio a la situación política que se vive, con un gobierno en minoría, y a la proximidad de las elecciones locales. Advirtió de que él representa a una institución «fuerte, con las cosas claras, que intenta cumplir los planes previstos» y aseguró que tiene una «relación fluida» con la actual alcaldesa, de la que dijo «tiene las cosas muy claras», No obstante, lamentó no poder compartir la decisión tomada por Vila: «La respeto y entiendo que el Ayuntamiento considera que defiende con ella los intereses de los ciudadanos».
Pons también mantuvo su postura respecto al edificio del Martillo: no renuncia a los usos comerciales y pospone la negociación hasta después de los comicios. Indicó que si el nuevo inmueble ha estado siempre presente en el proyecto de remodelación del puerto es «por pura necesidad». Calificó el actual edificio de «mamotreto» y afirmó que él es el primero que no lo quiere, pero también señaló que la APB no puede quedarse sin un edificio en el Martillo, con lo que condiciona su derribo a la autorización para levantar el nuevo. Así y todo, apuntó que «si el pueblo de Ibiza, las instituciones, no quieren el edificio» no lo impondrá, entre otras razones porque, aunque la APB podría construirlo legalmente, el concesionario necesitaría después permisos municipales para explotarlo. Deseó que, al esperar al nuevo mandato, «se calmen las aguas» y recordó que «se puede hablar de la estética o de las funciones del edificio, pero otra cosa es pedir que se quite directamente».
«Ejercicio de previsión»
Sobre la posibilidad de utilizar el edificio de su propiedad situado frente al Martillo, Pons reiteró que ya se había analizado, pero «no cumple con las necesidades de una marina a pie de muelle a la hora de operar». «Partiendo de la base de que un pequeño edificio en absoluto perjudica el paisaje no nos planteamos la necesidad de sustituir ese edificio por el de la fachada marítima», explicó. Respecto al descartado aparcamiento subterráneo, indicó que el diseño del edificio contempla una elevación para albergarlo simplemente como «un ejercicio de previsión». «Se creyó que era consecuente pensar que por qué no va a cambiar el Ayuntamiento de opinión respecto al parking», argumentó.
