El Consell de Ibiza inició el año pasado, desde enero hasta noviembre, solo 11 expedientes sancionadores por el alquiler de viviendas como estancias turísticas. Los propietarios que quieran comercializar sus casas o chalés como alojamientos turísticos han de cumplir una serie de requisitos e inscribirse en el registro de Turismo. Hasta la fecha, la institución ha registrado 1.600 solicitudes.
Los 11 expedientes abiertos suponen el 20% de las inspecciones (56 en total) que se han llevado a cabo para comprobar la legalidad de las viviendas vacacionales hasta noviembre, así como el 24% de todas las sanciones de Turismo (46) que se tramitaron durante el mismo periodo, según una nota de prensa de la institución insular.
Con la aprobación de la Ley General Turística en 2013, se inició el proceso de regularización de la actividad turística en las llamadas viviendas vacacionales. Antes de que comenzara este proceso, el registro del Consell de Ibiza no alcanzaba las 300 viviendas y ahora, más de un año y medio después, se han alcanzado las 1.600. La Pequeña y Mediana Empresa de las Pitiusas (Pimeef) calcula que puede haber más de 2.000 casas de este tipo, según la consellera insular de Turismo, Carmen Ferrer. Sin embargo, la Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos calcula que en Ibiza existen unas 3.000 viviendas que se alquilan en verano.
La Ley Turística permite el registro de viviendas turísticas cuando sean unifamiliares aisladas o pareadas (en ningún caso pisos, apartamentos construidos en bloque o grupos de adosados con más de dos viviendas). Las casas no podrán tener más de seis dormitorios o doce plazas y deberán contar con un baño completo cada tres plazas. La normativa también impide el alquiler de habitaciones o anexos por separado. La ley contempla sanciones de entre 30.000 y 400.000 euros por el alquiler de viviendas no inscritas en el registro. La tasa para inscribir la vivienda asciende a 600 euros y solo se paga una vez.
Revisión del caso de Tagomago
Los inspectores del Consell llevan a cabo un seguimiento y una inspección en las webs que comercializan este tipo de oferta, según la consellera de Turismo. Por ejemplo, la institución inició una revisión de la legalidad de la comercialización de la vivienda del islote de Tagomago tras constatar que no figuraba en el registro de viviendas vacacionales, pero posteriormente se comprobó que el promotor había solicitado su inscripción a través de una declaración responsable.
La Federación Hotelera de Ibiza y Formentera denuncia desde hace tiempo el incremento de esta oferta ilegal, por lo que ha propuesto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que se prohíba o bien se regule el alojamiento turístico mediante precio, por periodos cortos y en pisos particulares. Los hoteleros consideran que este tipo de oferta es «desleal» y critican que puede perjudicar la imagen del destino ya que no está sujeta a inspecciones o normas mínimas de calidad y seguridad. «No deben coexistir dos ofertas en el mismo mercado bajo condiciones distintas», sostienen.
