­Tres agentes de la Guardia Civil han sido arrestados por amenazar y coaccionar supuestamente a los okupas de varios apartamentos del Club Robinson, en Cala Vedella. En esta operación, se detuvo también a un hombre que al parecer era el intermediario del propietario de las viviendas y que está acusado de los mismos delitos.

Los cuatro detenidos pasaron a disposición judicial el sábado y, tras prestar declaración ante la juez titular del Juzgado de Instrucción número 3, Carmen Martín, que estaba de guardia, quedaron en libertad con cargos y con obligación de acudir a la sede judicial los días 1 y 15 de cada mes.

Fuentes judiciales señalaron que se está a la espera de que declare un cuarto guardia civil que también estaría presuntamente implicado, al tiempo que desde el instituto armado confirmaron los cuatro arrestos y señalaron que «la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones».

Al parecer, los arrestos se llevaron a cabo los días 30 y 31 de octubre y tienen su origen en la denuncia presentada por varios okupas de unos apartamentos del Club Robinson, pertenecientes todos a un mismo propietario.

Según los denunciantes, desde el final del verano, los citados guardias civiles y el particular les amenazaban y coaccionaban para que abandonaran las viviendas que habían okupado. «Se pasaban por allí para ver si desokupaban o no», explicaron fuentes judiciales, que agregaron que los agentes acudían a los apartamentos vestidos con su uniforme de la Guardia Civil.

Saber si se iban para comprar

Por su parte, en su declaración ante la juez de guardia, los agentes, que podrían pertenecer al puesto de Sant Antoni y que llevaban apenas unos meses en sus cargos, negaron las coacciones o amenazas pero, según ha podido saber este diario, sí reconocieron que pasaban por los apartamentos porque estarían interesados en comprar y querrían saber si los okupas tenían intención de marcharse.

El portavoz del instituto armado consultado no pudo ayer concretar si los agentes habían sido suspendidos. Solo agregó que la investigación seguía abierta. En la instrucción del caso deberán aclararse cuestiones como si los guardias civiles acudían de servicio y, de ser ciertas las coacciones y amenazas, si tenían algún tipo de interés.