La Federación Socialista de Ibiza, FSE-PSOE, anunció ayer la puesta en marcha de una campaña «política y jurídica» contra la Ley de Símbolos del Govern balear, gobernado por el Partido Popular, para «frenar esta aberración», tal y como la calificó en rueda de prensa el secretario general de los socualistas ibicencos, Vicent Torres.
Según explicó ante los medios, pocos días después de la entrada en vigor de este texto normativo, que los progresistas han puesto a disposición de los ciudadanos un documento de alegaciones contra el decreto de la Ley de Símbolos, «que va mucho más allá de la propia Ley, prohibiendo cualquier representación sensorialmente perceptible de una realidad», indicaron desde la Federación Socialista de Ibiza.
El secretario general de los socialista criticó además que «estamos frente a una Ley y a un decreto descaradamente ilegales y anticonstitucionales, que nos transportan a un tiempo predemocrático, al tiempo de las cavernas, como también pasa con la Ley del Aborto».
Vicent Torres anunció también que la FSE apoyará a las personas o colectivos que «se vean afectadas por este ataque a la libertad de expresión».
Serra y la extrema derecha
Una vez más, el líder de los socialistas ibicencos criticó en la rueda de prensa el papel del presidente del Consell Insular, el popular Vicent Serra, que «es el escudero fiel de esta extrema derecha que nos gobierna».
Por su parte, la portavoz del PSIB-PSOE, Pilar Costa, aprovechó la comparecencia ante los medios de comunicación para pedir al PP que «explique si está de acuerdo con que se obligue a Sa Bodega a retirar las pancartas que reclamaban el fin de las obras de la nueva escuela».
La también expresidenta del Consell (entonces pitiuso) y diputada autonómica explicó a los periodistas el contenido de las alegaciones preparadas por los socialistas y destacó que es «una cacicada que el Govern se atribuya la potestad de validar los símbolos, no sólo en ayuntamientos, sino también los nacionales e internacionales».
El Ejecutivo asegura que busca «consenso»
El decreto que regula la aplicación de la Ley de Símbolos, que acaba de entrar en vigor y ha avivado la polémica por esta normativa, está en fase de alegaciones y «en función de las mismas se intentará consensuar un texto» que «aclare» todas las dudas. Así lo explicó ayer la portavoz del Govern autónomo, Maria Núria Riera, asegurando que solo se pretende «que no se haga ideología en edificios destinados a servicios públicos por parte de la Comunitat ».
Riera afirmó también que con el nuevo decreto se garantizará el «respeto a la autonomía local», ya que cada ayuntamiento de cada isla podrá seguir declarando -si quiere- la ‘senyera’ como símbolo oficial y colgarlo en sus edificios. El único óbice, apuntó la portavoz, es que si pretende hacerlo en inmuebles propiedad de la Comunitat Autònoma, deberá solicitar autorización previa al Consell de Govern de Ejecutivo regional. Por otro lado, preguntada sobre posible presiones del Ejecutivo al Consell Consultiu de cara al dictamen que debe emitir sobre el borrador del decreto, Maria Núria Riera lo negó: «¡Solo faltaría, vamos, claro que no!».
