Antes de conocerse el ofrecimiento de Camps, la Oficina de la Defensora del Pueblo emitió ayer un escrito instando a la consellera de Educación a negociar y hacer todo lo necesario para resolver el conflicto educativo. Literalmente, el texto solicita a Joana Maria Camps «la realización de cuantas actuaciones resulten procedentes para solucionar el conflicto planteado mediante la negociación con los convocantes de la huelga y la adopción de medidas para garantizar a los alumnos la integridad de sus derechos». La Defensora reacciona así ante la petición de los líderes de las confederaciones de asociaciones de padres (FAPA-Coapa) Vicente Rodrigo y Jaume Ribas, que ayer viajaron a Madrid donde se reunieron con los responsables de las cuestiones educativas de dicha oficina. Rodrigo indicó que los técnicos también se preocuparon por la «indefinición jurídica» en la cual se está aplicando el decreto y que creen necesario que se solucione cuanto antes. Los representantes de las familias salieron muy satisfechos de la reunión y la valoraron como un «paso de gigante». Aplaudieron asimismo la rapidez de actuación de la Oficina. La petición de la Defensora se suma a la lista de llamamientos al diálogo, que ya incluye desde instituciones como la Universitat hasta la máxima autoridad eclesiástica de Mallorca, el obispo Javier Salinas.
