El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Antoni tiene previsto aprobar, en su pleno ordinario de marzo, una nueva ordenanza sobre contaminación acústica. Ésta contempla cobrar 150 euros a las personas que denuncien la existencia de ruidos por encima de lo que marca la ley, pero que no puedan ser comprobados en la oportuna inspección que se realice con los sonómetros municipales que empezarán a funcionar la próxima temporada. En caso contrario, es decir, si la sonometría arroja resultados positivos, esta cantidad deberá abonarla el infractor, además de la sanción correspondiente.
El concejal de Gobernación, Xicu Cardona, confirmó que esta será una de las medidas que se incluyen en la nueva ordenanza sobre ruidos, que sustituirá a la actualmente vigente para adaptarse a la nueva normativa marco aparecida al respecto recientemente.
«Es un documento que han redactado los técnicos», señaló Cardona, quien aseguró que «en la anterior ordenanza ya se contemplaba que si la sonometría daba resultado positivo, debía pagar los gastos de la misma (unos 1.000 euros) el infractor, mientras que si salía negativa debía pagarlo el denunciante», explicó. Hasta ahora, por la falta de sonómetros propios, el Ayuntamiento contrataba una empresa que realizaba estas mediciones, con este coste económico. Sin embargo, Cardona aseguró que no le consta que se hubiera cobrado nunca nada a ningún vecino.
Sonómetro calibrado
A la pregunta de qué sucederá si una persona denuncia la existencia de ruidos pero éstos, pese a existir, no pueden ser captados por los sonómetros, contestó que «si la sonometría está bien hecha y el aparato está bien calibrado», no se producirán tales situaciones.
«Esperamos que la oposición nos apoye, porque lo que queremos tanto ellos como nosotros es reducir la contaminación acústica que hay en Sant Antoni», añadió el concejal responsable del área, que recordó que el Ayuntamiento ha comprado dos sonómetros, ha impartido un curso sobre su manejo a parte de su plantilla y ahora completa estas medidas con una ordenanza adecuada.
Sin embargo, la oposición de PSOE-Pacte, lejos de mostrar su apoyo a esta medida, emitió ayer un comunicado en el que califica de «auténtico escándalo» la decisión del PP. «Es absolutamente increíble: en vez de perseguir a los infractores, quieren perseguir a los vecinos afectados por ruido que quieran denunciarlo», señaló el portavoz progresista, Pep Marge, quien opinió que «lo único que pretende el equipo de gobierno es que no haya denuncias, y que los locales trabajen con total impunidad para hacer ruido a la hora que sea». El PSOE-Pacte estima que el PP «se pone una vez más al lado de los poderosos y de los que incumplen la ley» y pone como ejemplo el caso del hotel-discoteca situado en pleno centro urbano, «sobre el cual el Ayuntamiento ha estado haciendo la vista gorda», hecho que motivó una denuncia ante la Fiscalía.
