El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Antoni no da por terminado el caso Cabezas, a pesar de que un reciente pleno municipal declaró extinguida la controvertida licencia y el concejal ya ha renunciado a su puesto a causa de las obras ilegales en un negocio de su propiedad. El Ayuntamiento anunció ayer que se ha dirigido al Govern para que «depure responsabilidades por la actuación desleal del secretario municipal», Joaquín Granero, en la tramitación del expediente de Cabezas.
El equipo de gobierno dio a conocer esta decisión en una nota de prensa que, pese a ocupar cinco páginas, básicamente incide en el mismo argumento de forma invariable. En concreto, la explicación es que el secretario introdujo un informe contrario a la legalidad de la licencia otorgada a Vicente Cabezas después de haber hecho un dictamen inicial favorable y con posterioridad a la concesión del permiso, sin advertir de ello ni a la alcaldía ni al concejal responsable.
«El Consistorio ha pedido a la dirección general de Función Pública, Administraciones Públicas y Calidad de Servicios del Govern que abra expediente disciplinario al secretario municipal después de que éste diera su conformidad a la concesión de la licencia solicitada por Vicente Cabezas en la junta de gobierno del 29 de junio de 2012 y, un mes más tarde, el 26 de julio, el secretario incluye en el mismo expediente un informe negativo a la licencia sin comunicarlo ni advertirlo a esta alcaldía o al concejal responsable de Urbanismo», señala el escrito.
El hecho de que el funcionario hiciera su dictamen sin hablarlo previamente con el equipo de gobierno es «desleal», según el citado comunicado.
El Ayuntamiento sostiene que el secretario ha incumplido las obligaciones legales de los secretarios municipales. «Para el Consistorio, el secretario ha incumplido esas obligaciones, ya que lo aprobado en la junta de gobierno del 29 de junio contó con la aquiescencia del secretario de la Corporación, para luego, una vez acabado el expediente y resuelto el asunto, incluir a posteriori, un informe no comunicado a esta alcaldía, en el que se expresa que aquel acuerdo era ilegal». También habría vulnerado el artículo el Estatuto Básico del Empleado Público, en concreto en lo relativo «a la integridad, neutralidad, transparencia, accesibilidad y ejemplaridad». Los principios éticos de esa norma dice que los empleados públicos actuarán con «lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos».
El secretario municipal no respondió ayer a las llamadas de este periódico.
Ayuntamiento: Defender la licencia tras anularla
El pleno del Ayuntamiento declaró «extinguida» la licenica concedida a Vicente Cabezas después de que él mismo renunciara a ella tras el informe del secretario que la declaraba ilegal. A pesar de ello, la alcaldesa, Pepita Gutiérrez, ha seguido defendiendo la legalidad de este permiso, tanto en un pleno posterior al que anuló la licencia como ayer mismo, en el comunicado emitido por el grupo gobernante.
«La alcaldesa recuerda además que el equipo de gobierno siempre ha defendido la legalidad de la concesión de la licencia de obra mayor a Vicente Cabezas, aprobada con el visto bueno del secretario municipal el 29 de junio», dice la nota. Pepita Gutiérrez considera que pedir un expediente disciplinario para el secretario, Joaquín Granero, «es un paso muy importante». «Queremos recordar que los expedientes que se instruyen y resuelven en este Consistorio se aprueban en base a los informes técnicos realizados por parte de los servicios municipales, que se hacen en los órganos competentes y cumpliendo la legislación vigente», señala el comunicado, que también argumenta «las repercusiones que para esta alcaldía ha supuesto tal manera de actuar», al informar de ello toda la prensa local.
