Las discotecas, salas de fiesta y locales de ocio nocturno que tengan un aforo autorizado de más de 250 personas han quedado obligadas a contratar a más vigilantes, cuyo cometido consistirá en velar por el normal funcionamiento de estos establecimientos, la seguridad en su interior, el cumplimiento de los aforos y demás condiciones legales, así como mediar en posibles conflictos.
El cometido de estos ´servicios de admisión y control de ambiente interno´, como se denominan técnicamente, ha quedado regulado por un real decreto –el 41/2011– que aprobó en las últimas semanas de la anterior legislatura el Govern progresista y el nuevo Ejecutivo del PP ha decidido mantener.
El decreto, según el conseller insular de Trabajo, Comercio e Industria, Vicent Roig, ya se aplica en otras autonomías y ha sido consensuado con la Asociación de Salas de Fiestas de Balears. Una de sus principales novedades es que obliga a los establecimientos a contratar a uno de estos empleados por cada 250 personas de aforo.
A diferencia de los encargados de seguridad habituales hasta ahora en estos locales, los ´controladores de ambiente´ deberán ocuparse de velar por el cumplimiento de la normativa de menores, controlar que no se exceda la capacidad máxima de asistentes permitida, impedir el acceso a personas que no cumplan las condiciones de admisión, no permitir el consumo ni tráfico de drogas y vigilar la operatividad de las rutas de evacuación, entre otras cosas que vienen recogidas en el artículo 5 del citado decreto.
Estos controladores también velarán por el «buen funcionamiento de las zonas reservadas o VIP» y colaborarán en «la aplicación de las normas sanitarias contra el tabaquismo y el alcoholismo», añade la norma.
En caso de conflicto o conato de pelea, intervendrán para evitar situaciones violentas, en coordinación con los encargados de seguridad, según explicó Roig.
El conseller recalcó que «una cosa es la seguridad y otra es el control de acceso y la calidad». De hecho, el decreto prohíbe que esta nueva figura ejerza funciones de seguridad privada.
Los aspirantes deberán superar un examen, el primero de los cuales se celebrará el 15 de diciembre en todas las islas, y quienes aprueben obtendrán una credencial.
Ayer mismo, el pleno del Consell aprobó la tasa reguladora que se aplicará en el proceso de los exámenes.
