Las compañías de petróleo buscan crudo en ocho sondeos situados a menos de cien kilómetros de las Pitiusas. Uno, el más cercano a Balears de las 131 prospecciones que hay en la actualidad, está solo a 40 kilómetros al noroeste de Ibiza. El siguiente está a algo más de 60 kilómetros, al norte de la isla, otro está a 80 kilómetros, frente a Dénia, y otros cuatro están casi a cien kilómetros: dos al sur de Alicante, uno frente a Benidorm, uno más casi en la perpendicular de Valencia y el octavo un poco más al norte.

La tormenta por las prospecciones comenzó hace dos años, pero no llegó a Balears hasta hace diez días. La trajo el ibicenco Abel Matutes: el exministro del PP, ahora presidente de la Mesa del Turismo, hacía oír su voz de empresario turístico de referencia para lanzar una carga de profundidad contra los permisos del Gobierno para buscar petróleo en el fondo de la franja de mar que separa la albufera valenciana de las playas baleares. Su denuncia era simple, aunque no nueva: los sondeos son «un peligro muy grande» para el turismo, la economía y el medio ambiente de las islas.

¿Por qué? Respondía el propio Matutes: primero, decía, por los lodos que genera la exploración marina y, después, por la amenaza de marea negra que conllevaría la mera instalación de una plataforma petrolera. El empresario y expolítico tomaba así prestado el argumentario de ecologistas como los de Oceana, que, desde marzo de 2009, habían tratado de frenar los sondeos durante su tramitación burocrática. Nadie les escuchó. Ni el Gobierno, ni Matutes. Así que las últimas prospecciones se aprobaron vía decreto el 22 de enero pasado: dos campos de sondeo a 35 millas náuticas (una milla náutica equivale a 1.852 metros) de Ibiza en las que la empresa Capricorn buscará petróleo durante seis años, que se suman a los tres aprobados en diciembre.

Cinco más, pero cinco entre muchos. Porque Matutes, los empresarios y los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Balears llegan tarde. Muy tarde. 37 años tarde: en el triángulo de mar delimitado por Mallorca, el límite costero de los Pirineos y el sur de Alicante hay ya un total de 131 pozos de extracción de petróleo, puntos de cata y sondeos de prospección marina. Todos ellos han sido autorizados por los sucesivos ministros que han ocupado la cartera de Industria desde 1974. Los hubo con Franco, con UCD, con el PSOE y con el PP. En el Gobierno del que formó parte Matutes y en el que hoy tiene a Sebastián por ministro.

De hecho los ecologistas se oponen a estos pozos con el mismo argumento que a los anteriores: peligro. Riesgo de vertidos. Amenaza de lodos. Contaminación por metales pesados. Todo sintetizado en un ejemplo: el desastre económico y ecológico que sería una marea negra como la que el pasado verano barrió el Caribe, un vertido del tamaño de Mallorca y Menorca juntas que contaminó el mar más turístico en un radio de mil kilómetros. Mil kilómetros: ni las 35 millas que hay entre los futuros sondeos y Ibiza, ni las 200 que separan Mallorca de los pozos que desde hace 30 años amenazan a la isla.

Da fe de ello el director ejecutivo de Oceana, Xavier Pastor, que ha visto ya más de una crisis petrolera en el Mediterráneo: «En Tarragona están extrayendo petróleo desde hace años y llevamos ya un buen número de vertidos».