La Fiscalía de Ibiza solicita una pena de prisión de cinco años y seis meses a F. S. M. y F. C. P., administradores solidarios de la empresa titular del restaurante y café concierto Coast Line, en Caló des Moro, en Sant Antoni, por la supuesta comisión de un delito contra el medio ambiente en su modalidad de contaminación acústica con grave riego para la salud de las personas y con el agravante de «clandestinidad y desobediencia a las órdenes de la Administración». El Ministerio Público sostiene que desde 2002 hasta 2006 el exceso de ruido procedente de este establecimiento provocó «ansiedad, estrés, nerviosismo, insomnio y angustia» a los 12 vecinos, entre ellos tres menores, que residían en las viviendas situadas encima del local, en la plantas superiores del edificio Catamarán.

Aparte de la clausura del Coast Line durante cuatro años (este establecimiento ya lleva dos temporadas cerrado por voluntad de la propiedad), el escrito de acusación del fiscal también pide que los propietarios del establecimiento sean inhabilitados para ejercer la profesión o actividades relacionadas con locales de ocio y el pago de 29.700 euros por las supuestas 11 faltas de lesiones cometidas (2.700 euros por falta), a lo que se añade otra sanción económica por el delito contra el medio ambiente de 86.400 euros.

Además, los dos acusados y, subsidiariamente, Baroque Affairs S.L., la empresa titular del Coast Line, deberían indemnizar, según la solicitud de la Fiscalía, a cada uno de los vecinos afectados con 20.000 euros por «los perjuicios físicos o psíquicos sufridos». El fiscal también pide al juez que ordene a los acusados el pago de una fianza de medio millón de euros para cubrir las posibles responsabilidades civiles y, en caso de no hacerlo, que proceda al embago de sus bienes.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza ya ha decretado la apertura de la vista oral. Se trata del tercer juicio previsto contra los titulares de establecimientos de ocio (El Soto, en Vila, el Mambo Café, Café Savannah y ahora el Coast Line, en Sant Antoni), para los que se pide pena de prisión por exceder el límite de ruido y perjudicar a los vecinos.

En el caso del Coast Line, el fiscal explica que la actividad promovida en horario de día y noche en el exterior del local, con espectáculos pirotécnicos incluido y excediendo el límite sonoro permitido, ha causado «importantes deterioros en la tranquilidad, estado de ánimo, reposo y sueño» de los vecinos del edificio, lo cual era «conocido» por los propietarios del establecimiento.

El Coast Line obtuvo en julio de 2002 licencia de apertura y funcionamiento para ejercer la actividad de restaurante y café concierto, aunque dicha autorización advertía de que la actividad musical se debía ejercer en el interior con las puertas y ventanas cerradas. Pese a ello, el Ministerio Público relata la actividad que tuvo lugar en el local en 33 días distintos en los que o bien se instalaron potentes altavoces en el exterior o se celebraron espectáculos pirotécnicos que perjudicaron a los vecinos.

Los afectados efectuaron pruebas sonométricas en sus casas, en las que se constató que el exceso de ruido superaba lo que marca la ley. Es el caso del análisis practicado el 26 de junio de 2005 entre las 22,30 y las 0,30 horas, en el que el sonómetro llegó a marcar 70,8 decibelios en el exterior y 48,4 decibelios en el dormitorio, cuando, según la normativa, no pueden superarse los 45 y 25 decibelios, respectivamente.

El Ministerio Público explica que «el desasosiego» de los vecinos aumentó a partir de 2004 después de que el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ibiza dictase un auto en virtud del cual la propiedad del local se comprometía a no instalar fuentes de sonido en el exterior, impedir que el ruido y las vibraciones de la maquinaria del interior afectasen a las viviendas y a no organizar más espectáculos pirotécnicos. Este acuerdo fue «repetidamente incumplido por los acusados». A pesar de las advertencias del juez, «ambos continuaron haciendo caso omiso a la resolución judicial», añade.