Los bancos comunican hoy si financian las deudas de GPS

Perelló está «plenamente convencido» de que los bancos aportarán la inversión necesaria para evitar la quiebra de GPS. Para empezar, la empresa requiere de una inyección de al menos dos millones de euros: «A corto plazo necesitamos dos millones para pagar a proveedores y a los trabajadores las nóminas correspondientes a mayo» pasado. Perelló confirmó así la información adelantada por este periódico en relación a la importante deuda que mantiene GPS con más de una decena de empresas de la isla. Estas deudas corresponden los suministros utilizados por los 58 hoteles de GPS durante el mes de agosto del pasado año.

Como acostumbra a realizar con el resto de transacciones económicas, Ferré Cardó sufragó la adquisición de todo el material (desde alimentos hasta bebidas y material de oficina, e incluso hielo, entre otros) con pagarés a nueve meses. Éstos vencieron, por lo tanto, el pasado 31 de mayo pero no se hicieron efectivos.

Ante esta situación, los empresarios locales tomaron la determinación, en una reunión mantenida la pasada semana con Perelló, de darle una semana de plazo al administrador judicial para solucionar el problema. Este plazo, que no tiene una fecha fija de vencimiento, finaliza, no obstante, entre mañana viernes y el próximo lunes, a discreción de cada proveedor.

Por otra parte, Perelló aseguró ayer que las negociaciones para salvar la situación económica de la empresa no se están limitando al Banc de Crèdit Balear (conocido en Ibiza y Formentera como Es Crèdit) o al Banco Popular, propietario del anterior: «Estamos hablando con más bancos, no sólo con ellos», indicó.

Según los investigadores, la mayor parte de las operaciones, sino la totalidad, que emprendió Ferré Cardó para adquirir hoteles en Ibiza en los últimos años tenían el respaldo económico de Es Crèdit y, por lo tanto, del Banco Popular. Hoteleros consultados por este diario que vendieron sus establecimientos a GPS así lo confirman. Incluso algunos proveedores que estuvieron presentes en la reunión con Perelló la pasada semana explicaron que éste comentó durante el encuentro que todas las posibilidades de supervivencia del grupo hotelero estaban en manos del Banco Popular.

Este diario ha intentado recabar la opinión de esta entidad bancaria en relación a su apoyo financiero al Grupo Playa Sol, pero la dirección ha declinado hacer cualquier comentario alegando que no tienen por costumbre hablar de sus clientes.

Por otra parte, la defensa de Ferré Cardó, dirigida por el letrado mallorquín Gabriel Garcías, explicó ayer que todavía están pendientes de la decisión del juez en relación a los dos recursos que presentaron en su momento: uno de reforma contra la orden de prisión con el objetivo de que se interpusiera una fianza «no muy alta para que la pueda pagar», y otro contra la caución de 80 millones por responsabilidad civil, para lo cual se solicita el embargo de todos los bienes del empresario. En este segundo caso, la defensa entiende que si el embargo se ordena para cubrir la fianza, ésta debe fijarse en bienes valorados en la misma cuantía, esto es, en 80 millones de euros.

Para solicitar la puesta en libertad de Ferré, su defensa alega que no existe riesgo de fuga por su arraigo en las Pitiusas («lleva cuarenta años en Ibiza y tiene todos sus bienes en la isla», abunda Garcías sobre esta tesis) y porque no puede destruir pruebas: «La investigación tiene ya todos los documentos y, por lo tanto, mi cliente, aunque quisiera, no podría destruir nada», explicó el letrado.

Por último, su tesis para intentar lograr la excarcelación de Ferré Cardó también se basa en su «delicado estado de salud». «Todo ello nos hace estar convencidos de que es poco probable que mi defendido intente huir de la acción de la Justicia, por lo que solicitamos que se le imponga una fianza a la que pueda hacer frente», resume Gabriel Garcías.