A pocos días de que venza el plazo concedido por un juzgado de Palma para que el Ayuntamiento de Sant Josep restablezca la legalidad jurídica infringida en el Residencial Cala Pinet, en la bahía de Portmany, los vecinos de la zona anunciaron que tienen previsto pedir a dicho juzgado que empiece a aplicar las sanciones de 1.000 euros mensuales con que amenazó al alcalde si no ponía fin a la situación de estos apartamentos.

El plazo de cuatro meses otorgado por el juez vencerá la próxima semana y los vecinos aseguran que de momento no se ha cumplido el auto del 24 de noviembre –notificado pocos días después– en el que se ordenaba cumplir una sentencia anterior de 2006. Ese fallo declaraba ilegal parte de esos apartamentos y emplazaba a restablecer la legalidad, incluyendo, si fuera el caso, la posible demolición.

«El juez lo que dice es que el Ayuntamiento tiene que tramitar un expediente de disciplina urbanística de forma inmediata y, en cambio, lo que está haciendo el Consistorio es todo lo contrario, pues llevan retrasando este tema cerca de un año», afirmó Eduard Clavell, abogado que representa a los afectados.

Clavell afirmó que sus clientes prefieren que se derribe lo afectado por la sentencia –parte de cuatro apartamentos de este grupo residencial–, pero reiteró que en cualquier caso el Ayuntamiento debe abrir un expediente «con la máxima urgencia».

Una de las vecinas explicó a este periódico que el equipo de gobierno «ha demostrado una desidia total, porque el auto dice que tenían que llamar a las partes y no ha habido ninguna reunión».

«Quieren legalizar algo ilegalizable, pero les ha pillado el tiempo y se les ha terminado», afirmó la misma afectada.