IBIZA | REDACCIÓN
La misión de inspección de los técnicos de la Unesco llegará a Ibiza en noviembre para comprobar sobre el terreno el alcance del proyecto de ampliación del puerto de Vila y su posible impacto sobre los elementos declarados Patrimonio de la Humanidad. Así lo explicó ayer el director del Centro del Patrimonio Mundial, Francesco Bandarin, a la delegación española, encabezada por el presidente del Govern, Francesc Antich, desplazada a París para defender el proyecto y solicitar que los trámites que requiera la Unesco se realicen cuanto antes para evitar una demora en las obras.
En este encuentro, el máximo representante del Centro Patrimonio Mundial solicitó que las obras no empiecen hasta que se haya realizado la inspección y recabado la información necesaria para que, de esta manera, se puedan incorporar a las obras las medidas correctoras que se estimen oportunas. Así, el inicio de los trabajos, inicialmente previsto en octubre, se va a retrasar al menos hasta que se conozca el resultado del informe de los técnicos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos (Icomos), las ramas de asesoramiento medioambiental y cultural de este organismo.
En una nota de prensa del Centro del Patrimonio Mundial se apunta que «se espera que los inspectores presenten su informe antes de la próxima sesión del Comité del Patrimonio Mundial prevista en julio de 2010». Añade, además, que en ese encuentro se prevé «examinar el estado de conservación del lugar». Este organismo de la Unesco recuerda que cuando se aprobó la declaración de Patrimonio de la Humanidad de Ibiza hace ahora 10 años, las praderas de posidonia estaban «amenazadas por un proyecto de expansión y reorganización del puerto [el dique de es Botafoc]» y que la UICN concluyó que «el impacto potencial se podía mitigar con una serie de medidas correctoras».
Sin declaraciones
Ningún miembro de la delegación española quiso hacer declaraciones sobre el resultado de la reunión. Todos se remitieron a un comunicado del Govern balear en el que, aparte de citar a todas las personas desplazadas a París, se limitaba a apuntar que en el encuentro «se dieron todas las explicaciones solicitadas del proyecto» y se entregó la documentación necesaria para preparara la visita de los inspectores. «La delegación balear ha expresado la voluntad de las autoridades de las islas de ofrecer la máxima colaboración al organismo internacional y ha solicitado que la misión [de inspección] se desplace a Ibiza cuanto antes», dice la nota del Ejecutivo autonómico, que agrega que el Govern balear, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria han manifestado «la voluntad de hacer compatible un proyecto muy necesario para la isla con la declaración de Patrimonio de la Humanidad».
Junto a Francesc Antich, viajaron a París la alcaldesa Lurdes Costa; el presidente de la Autoridad Portuaria de Balears, Francesc Triay, y, en representación del Gobierno central, la embajadora española ante la Unesco, María Jesús Sansegundo y la directora general de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, Ángeles Albert de León. Uno de los objetivos de la extensa delegación era demostrar ante este organismo de la ONU la unidad de todas las instituciones en torno a este proyecto y su disposición a colaborar con los requerimientos de la Unesco.
