APB, entidad ‘non grata’

Que el Club Náutico Ibiza iba a perder la concesión se veía venir desde que, en febrero pasado, Diario de Ibiza ya publicaba una entrevista con el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria Balear, Javier Sanz, donde adelantaba esta posibilidad y prácticamente la confirmaba entre líneas, al dedicarse a poner vendas antes de que se produjera la herida.

Ni siquiera un perfil como el de Sanz, que accedió al cargo tras haber presidido el Real Club Náutico de Palma y todavía al timón de la Real Federación Española de Vela, pudo parar los efectos de un concurso público envenenado en el que la náutica social que representa el CNI nunca podía competir en igualdad de condiciones con el músculo financiero de cualquier especulador privado.

El resultado es triste, lamentable y un robo a los ibicencos, tanto socios como no socios, porque somos muchos los que sentimos que esa sede era la casa de todos. Bien por la labor incesante de fomento del deporte náutico entre los jóvenes, bien por el maravilloso programa ‘Un mar de posibilidades’, en el que todos los años participaban alrededor de 300 personas con diversidad funcional o en riesgo de exclusión social, bien por su actividad cultural abierta o bien porque de vez en cuando nos gustaba ir a tomar un café o un bullit de peix en la aldea gala que representaba esta institución, en un puerto asediado por los especuladores que hace ya mucho que dejó de ser de todos los isleños.

La Autoridad Portuaria Balear ha permitido y hasta fomentado que el puerto de Ibiza se convierta en un escaparate del lujo, colonizando cada palmo de los muelles para instalar negocios de restauración, tiendas, etcétera, que no tienen la menor relación con nuestra cultura ni con el bolsillo del ibicenco medio y, en consecuencia, expulsándole. Ahora, ha hecho lo mismo con el CNI, cargándose una presencia casi centenaria y una actividad fundamental en la historia de la ciudad. Es lo mismo que ocurre en toda Ibiza, una isla sobrevolada por los buitres desde que el lujo lo invade todo. Pero en el puerto es más grave porque es público y, en consecuencia, se deberían barajar otros criterios.

Lamentable también que sólo el representante del Consell Insular d’Ibiza en el Consejo de Administración de la APB, el vicepresidente Mariano Juan, votara en contra de la adjudicación. No lo hizo Llorenç Córdoba, presidente del Consell de Formentera, que definitivamente se consagra como un político patético y vacío de dignidad, pero tampoco ningún representante de las otras muchas instituciones de Balears, que forman parte del principal órgano de decisión de la APB y que, según se deduce del resultado de la votación, cobran un apetecible sobresueldo por ir a decir ‘sí’ o ‘no’ como marionetas, según les indiquen los asesores jurídicos de la entidad. Tomemos nota para cuando sean ellos quienes necesiten un rescate.

Y es aún peor cómo después pretenden vendernos la burra desde la APB, tomándonos por imbéciles. En la nota de prensa remitida por la entidad para informar de la expulsión del CNI, se decía que la oferta escogida era la “más ventajosa presentada al concurso, que tiene como objeto garantizar con especial atención el fomento y la enseñanza del deporte, siendo un referente en responsabilidad social en el sector náutico”.

El único referente en responsabilidad social en el sector náutico de esta pesadilla es el CNI, que lleva demostrándolo casi cien años y que ha hecho una labor impagable que no se ha tenido en cuenta. La nueva adjudicataria de la dársena deportiva, Puertos y Litorales Sostenibles SL –que ironía que lleve el apellido “Sostenible”, dedicándose a lo que se dedica– es tan sólo una empresa que viene a forrarse, multiplicando las tarifas a muchas de las embarcaciones amarradas en el club y fomentando que el acceso al mar sea cada vez más una posibilidad exclusiva de los ricos. Y una empresa, además, con uno de sus principales responsables condenado por estafa procesal y falsedad documental.

Cómo me recuerda esta situación a la patética subasta de concesiones en las playas que se produjo en Sant Josep en 2016, donde el canario Mahy Marrero, que acabó condenado a 8 años de cárcel por almacenar casi 500 kilos de cocaína en su yate, asumió numerosas concesiones tras pujar salvajemente, para luego abandonarlas.

Imagino que el CNI agradece las estériles muestras de solidaridad de los partidos políticos, pero habría sido más productivo que hubiesen presentado batalla en Madrid para modificar una ley que deja desamparadas a las náuticas sociales. Las instituciones ibicencas podrían comenzar declarando entidad non grata a la APB y prestando toda la colaboración posible al CNI para la batalla judicial que ahora comienza. Que los responsables portuarios, al menos, se sientan unos proscritos entre nosotros. El resultado de su gestión es lamentable, vergonzoso y un expolio a nuestra sociedad e historia.

@xescuprats

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