Los okupas del municipio de Valencia pagaron 1.000 euros a una 'mafia' para poder entrar a las casas

Hasta mil euros por vivienda. Ese es el dinero que pagó cada una de las ocho familias para poder ocupar los pisos de un edificio propiedad de la Sareb ubicado en el número 23 de la calle Desiderio Gallego Moya, en Quart de Poblet. La elección de esta ubicación no ha sido casualidad ya que, según explican a Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, varios de estos jóvenes, todos ellos pagaron esa cantidad a una persona que forma parte de una red que se dedica a ocupar edificios de la sociedad gestora de activos y que posteriormente se las ofrecen a familias en riesgo de exclusión social por una cuantía que varía en función de su ubicación o de las características del inmueble.

Dieciséis familias pagan la reserva de sus pisos en Valencia y los encuentran okupados

"Somos conscientes de que en cualquier momento nos pueden tirar, pero es la única opción que nos podemos permitir para tener un techo", explica uno de estos residentes ilegales, que señala que "no es la primera vez que pago por este tipo de servicios y lo seguiré haciendo hasta que me den una vivienda social". Para evitar represalias con los miembros de esta "mafia" que se dedica a especular con inmuebles ajenos los residentes ilegales han evitado facilitar más datos sobre la persona a la que le hicieron el pago, aunque explican que hay viviendas mucho más baratas: "Depende del sitio donde te vayas puedes pagar incluso 200 euros. Nosotros vinimos aquí porque era una calle tranquila y no queremos molestar a nadie, solo queremos darle un techo a nuestros hijos", relatan.

Trabas para acceder a la vivienda

Asimismo, los residentes ilegales aseguran que en el momento en el que accedieron a la vivienda desconocían que varias familias habían pagado cerca de 5.000 euros en concepto de la firma de arras a la espera de que la gestora de activos pudiera obtener la cédula de habitabilidad que certifica que el edificio cumple con todos los requisitos mínimos de seguridad e higiénico-sanitarios. "Cuando entramos en las casas nos dijeron que eran de la Sareb", afirman.

"No sabíamos que ya estaban apalabradas porque la finca llevaba 17 años abandonada", cuenta José, una de las personas que se ha asentado en una de las ocho viviendas junto a su mujer, su cuñado y sus tres hijos menores de edad". Preguntado sobre los perjuicios que están ocasionando a las familias que pagaron por adquirir estos inmuebles el joven afirma que "me sabe muy mal, pero mi situación es muy jodida y a nosotros nos ponen muchas pegas para poder alquilar una casa".

A este respecto, todas las familias que han entrado de manera ilegal en los inmuebles coinciden en las trabas que se encuentran a la hora de alquilar un inmueble. "Yo tengo una nómina fija y ni con esas me dejan alquilar" -subraya, y añade- "A mí me gustaría vivir de una forma regulada porque esto no es vida para mis hijos". Palabras que salen de José, pero que se repiten en la boca de Alba, Samuel o Rafael, tres personas que, igual que él, efectuaron el pago para que "nos dieran las llaves".

Ya han pagado en otras ocasiones

No es la primera vez que hacen esto y saben cuál va a ser el desenlace. También lo que les espera en los próximos meses. "Pero la alternativa es estar en la calle. Yo estoy separado y si no tengo casa mi exmujer no me deja ver a los críos. Mis niños son lo primero para mí", cuenta Samuel, otros de los ocupas que lamenta los daños que están ocasionando a los aspirantes a propietarios. "Sé que esto es una faena para ellos, pero mi situación es mucho más complicada", sentencia.

A la espera de que la Sareb tome una decisión -por el momento han denunciado la ocupación y están analizando si se trata de familias vulnerables- los jóvenes se muestran esperanzados y creen que esta vez va a ser la definitiva. De hecho cuentan que ya han recibido la visita de Servicios Sociales y esperan que en los próximos meses puedan regularizar su situación. Para que Samuel pueda vivir en paz con sus tres hijos. Para que Alba lo pueda hacer con su bebé de diez meses y para que Rafael pueda retomar una vida normal con sus cuatro hijos y sus seis nietos después de que le desahuciaran de su casa de Manises tras quedarse sin trabajo.

"Si nos dan un piso social nos vamos"

Mientras tanto, los ocupas mantienen su compromiso de abandonar los pisos si solucionan si situación. ""No queremos perjudicar a ningún particular. Vinimos aquí porque eran propiedad de un fondo buitre y si nos ofrecen un piso social nos vamos"", inciden unánimemente mientras recalcan que han rechazado la oferta económica que les presentó la inmobiliaria para que abandonaran las casas "porque no queremos dinero, queremos un techo para nuestros hijos", sentencian.

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