Varias aerolíneas expedientadas por no tener teléfono gratuito

El Ministerio de Consumo podrá imponer sanciones que pueden oscilar entre los 150 y los 100.000 euros

La dirección general de Consumo de Balears ya sancionó a Air Europa por este motivo en 2022

Un avión de easyJet aterrizando en Son Sant Joan, en Palma. | PERE JOAN OLIVER

Un avión de easyJet aterrizando en Son Sant Joan, en Palma. | PERE JOAN OLIVER / europa press. palma

Palma

El Ministerio de Consumo ha iniciado los primeros expedientes a varias aerolíneas por no disponer de un teléfono de atención al cliente gratuito o que, aunque exista, tiene un acceso difícil.

Según señaló el pasado martes el Ministerio, esto supone un incumplimiento de las obligaciones legales en materia de servicios de atención al cliente. Desde Consumo señalaron que el nombre de las aerolíneas sancionadas se dará a conocer una vez se resuelvan los expedientes sancionadores.

Facua celebró la apertura de estos expedientes y recordó que desde 2021 viene denunciando este incumplimiento por diversas aerolíneas, entre las que cita Blue Air, Binter, Canary Fly, Iberia, Wizzair, Volotea, Air Europa, Condor, Iberojet, easyJet, Finnair, Iceland Air, SAS, Transavia, Wamos Air y EgyptAir.

En junio de 2022, Balears se convirtió en la primera Comunitat Autònoma en aplicar una sanción por estas prácticas. La dirección general de Consumo de Balears impuso una multa económica de 3.600 a la aerolínea Air Europa, pese a que tras la sanción continuaron llevando a cabo este tipo de prácticas debido a la baja cuantía de la sanción.

En concreto, la normativa indica que este teléfono tiene que ser accesible a todos los consumidores y que tiene que tener carácter gratuito, por lo que los números geográficos o de tarificación especial no son válidos. Los teléfonos gratuitos son aquellos que comienzan por los prefijos 800 o 900, denominados ‘servicios de cobro revertido automáticos’.

Servicio básico de interés general

El transporte aéreo entra dentro de la categoría de servicio básico de interés general, por lo que las empresas de este sector están obligadas a disponer de un teléfono gratuito, según la norma instaurada durante la actual legislatura y recogida en la Ley General de para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

El Ministerio indicó que «las sanciones previstas para estas infracciones pueden llegar a considerarse como infracciones leves o graves y sancionarse con multas de entre 150 y 10.000 euros, en el caso de las leves, y entre 10.001 y 100.000 euros, en el caso de las graves».

Desde Consumo señalaron también que, si el beneficio ilícito obtenido por las prácticas infractoras superara esas cantidades, las sanciones podrían alcanzar entre dos y cuatro veces el beneficio ilícito obtenido para las infracciones leves y entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido para las graves.

Consumo también anunció la semana pasada la apertura de expediente a varias aerolíneas low cost por el cobro de sobrecostes en el equipaje de mano transportado en cabina, de las cuales, según Facua, cuatro de las compañías son Ryanair, Vueling, easyJet y Volotea.

Estas aerolíneas cometieron infracciones que pueden llegar a considerarse como graves o muy graves y que pueden llegar a ser sancionadas con multas de entre 10.001 y 100.000 euros, en el caso de las graves, y entre 100.001 y 1.000.000 de euros en el caso de las muy graves

Más de 300 empresas

Desde Facua lamentaron que, «pese a ser la denunciante», Consumo no le ha facilitado información sobre sus actuaciones ante estas prácticas. De hecho, resaltó que esta «falta de transparencia» se extiende a la práctica totalidad de las denuncias presentadas contra más de 300 empresas durante la legislatura por prácticas que vulneran la legislación de defensa de los consumidores.

La ausencia de respuesta, según informaron, se ha dado tanto ante las denuncias presentadas antes como después de la entrada en vigor del cambio legal que, desde mayo de 2022, dota al Ministerio de potestad sancionadora.

Sin embargo, Facua apuntó que al inicio de esta legislatura trasladaron a Alberto Garzón, ministro de Consumo, «la necesidad de que el Ministerio de Consumo asumiese competencias sancionadoras y que abordase medidas para acabar con los teléfonos de tarificación especial, con prefijos 902 y 901, que numerosas empresas venían utilizando para la atención al cliente y la información a los consumidores en general».