El propietario de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, Francisco Vilás, exige al Ayuntamiento de Santa Eulària el pago de 98.639 euros más los intereses por el coste de varios informes (de la consultora KPMG y de un catedrático de Derecho Administrativo) que encargó para, según argumenta en su reclamación de responsabilidad patrimonial, «acreditar y demostrar» su condición de «interesado» en el expediente de tramitación del segundo hospital privado de la isla que el empresario farmacéutico Juan Tur Viñas proyecta en Jesús.
Vilás denuncia desde hace años diversas irregularidades en la tramitación de este proyecto e incluso presentó una querella contra el anterior alcalde y ahora presidente del Consell, Vicent Marí, que fue archivada.
La junta de gobierno de Santa Eulària denegó en febrero de este año la condición de interesado de Vilás, que presentó un recurso de reposición en el Ayuntamiento. A finales de marzo, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma admitió a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial de Vilás contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial de 98.639 euros más intereses.
A principios de octubre, la junta de gobierno acordó solicitar al Consell Consultiu un dictamen sobre la propuesta de desestimación de la indemnización al amparo de un informe jurídico municipal, que concluye que no se ha producido ningún «daño indemnizable» e incluso apunta «la muestra de falta de buena fe» de Vilás al querer imputar al Ayuntamiento unos gastos realizados en otro procedimiento en el Consell. «El ejercicio de un derecho legítimo, en este caso la acción por responsabilidad patrimonial, no puede convertirse en un abuso de derecho», destaca el informe jurídico municipal.
El propietario de la Policlínica justifica que encargó los dictámenes «al estar obligado por el Ayuntamiento a justificar su condición jurídica de interesado» en el expediente urbanístico del proyecto del hospital privado de Tur Viñas. El informe municipal sostiene, en cambio, que dichos informes se presentaron en el Consell para justificar la caducidad o revocación de la declaración de interés general del proyecto, por lo que «no tienen por finalidad la justificación de la condición de interesado en el trámite de audiencia que le otorgó el Consistorio».
En concreto, los informes de KPMG revelan que el proyecto del hospital privado de Jesús se solapa, en una superficie de poco más de 8.000 metros cuadrados, con otra parcela en la que se construyó un chalé, lo cual, según Vilás, supone «un fraude de ley» en la tramitación del interés general que el Consell otorgó en 2010. El informe del catedrático se aportó para solicitar la caducidad del expediente. Hay que tener en cuenta que la Comisión de Medio Ambiente puso un conjunto de prescripciones que nunca se han cumplido.
Vilás no estaba obligado
Al margen de la finalidad de los informes, «totalmente ajenos a la justificación de interesado de Vilás», el informe jurídico del Ayuntamiento argumenta que el propietario de la Policlínica no tenía «la obligación» de presentarlos. De hecho, agrega que Vilás es «libre de atender o no el requerimiento que le hizo la Administración al darle audiencia para que alegara lo que considerara después de que Tur Viñas solicitara que se le denegara la condición de interesado en el expediente. «Sus alegaciones sólo obedecen a su decisión de formularlas... sin que en ningún momento se le requiriera aportar un informe pericial».
