La Asociación de Taxistas Profesionales de Vila ha presentado una demanda en el juzgado de lo contencioso administrativo contra la nueva ordenanza municipal de Sant Antoni que regula el taxi al entender, entre otras cosas, que no aclara si los titulares de una licencia tienen la obligación de explotarla en régimen de exclusividad, sin la posibilidad de compatibilizarla con otra profesión.
La nueva normativa municipal recoge textualmente, sin añadir ni restar nada, el artículo 51 de la ley balear de Transportes Terrestres de 2014, que se limita a apuntar que «el servicio podrá prestarse por su titular o conductores que cumplan las condiciones de carácter personal que se establecen, contratados de conformidad con el Estatuto de los trabajadores o la normativa que sea de aplicación».
Este contenido de la ley genera controversia. Los taxistas interpretan que no tienen la obligación de conducir el taxi en exclusiva, como en el caso del alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, que, desde que sustituyó al actual conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí Ribas, en la alcaldía, tiene dedicación exclusiva en el Ayuntamiento, ya no conduce su taxi y explota su licencia de San Antoni con trabajadores asalariados. Sin embargo, el Ayuntamiento de Ibiza interpreta de forma distinta esta norma y , al considerar que la ley balear no regula correctamente esta cuestión, aplica el reglamento nacional del taxi de 1979, que sí obliga a los titulares de licencia a explotarlas en exclusiva.
Precisamente, en la primera semana de octubre, el conseller balear de Movilidad aseguró en el Parlament que los juristas de la Comunitat Autònoma sostienen que, en relación a la exclusividad, se tiene que aplicar el reglamento nacional de 1979, en contra de lo que hace Sant Antoni, al menos en el caso del alcalde de Sant Josep.
Públicamente, el concejal de Movilidad de Sant Antoni, Joan Torres, al igual que el equipo de gobierno de Sant Josep, que también ha adaptado su ordenanza a la ley balear de 2014, rehúsan aclarar si los titulares de licencia de un taxi tienen o no que explotarla en exclusiva sin otros trabajos y se limitan a apuntar lo que dice la normativa regional, que, según el conseller Marí Ribas, «deja un pequeño espacio a la interpretación».
Por todo ello, la asociación de taxistas minoritaria de Vila sostiene que la redacción del artículo de la ordenanza de Sant Antoni que recoge el 51 de la ley balear de 2014 resulta «defectuosa e incompleta», ya que «deja sin desarrollar la cuestión primordial a la que se refiere». Esta situación abre la posibilidad a que se aplique de manera supletoria, como la ley balear de 2014 prevé, el reglamento nacional de 1979, en el que sí claramente obliga al titular a conducir el taxi e impide compatibilizar su explotación con otra profesión.
Acumulación de licencias
Hace unos días, el Ayuntamiento de Sant Antoni informó a través de un comunicado de que las tres asociaciones de taxistas del municipio «apoyan» la modificación de la ordenanza del taxi, en relación a la inclusión del controvertido artículo 51 de la ley balear de Transportes Terrestres de 2014.
Asimismo, la demanda de la Asociación de Profesionales del Taxi de Vila también incluye objeciones a la regulación prevista en la adjudicación de nuevas licencias de taxi. Este colectivo defiende que, al igual que se hace con las estacionales, los asalariados tienen derecho a obtener un mayor porcentaje de las mismas, pero siempre se ha de adjudicar una parte, «por pequeña que sea», también a los titulares.
También alegan que la ordenanza no recoge lo previsto en la ley balear sobre la transmisibilidad voluntaria de licencias. Defienden que, según dicha ley, no tiene que estar sujeta al reglamento nacional, tan solo al cumplimiento de una serie de requisitos y al pago del correspondiente tributo.
Esta asociación de taxistas de Vila ya ha presentado la demanda en el juzgado y está a la espera de que el Ayuntamiento remita el expediente para redactarla.
