El conseller balear de Movilidad y Vivienda, Josep Marí Ribas, aseguró ayer en el Parlament que, según el decreto nacional de 1979 que regula el reglamento del taxi, los titulares de una licencia tienen que explotarlas «en exclusividad», aunque «también pueden tener trabajadores». Los juristas de la conselleria que dirige Marí Ribas interpretan que sobre la exclusividad se debe aplicar el decreto nacional, lo cual afecta directamente al actual alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, sucesor en el cargo de Marí Ribas.
El alcalde dejó de conducir el taxi que posee (la explota ahora como autónomo a través de asalariados) para dedicarse en exclusiva a su cargo público en el Ayuntamiento. Dejó de conducir el taxi al amparo de la ley balear de transportes de 2014, que, según interpreta el Ayuntamiento de Sant Antoni (la licencia de Guerrero es de este municipio), no obliga a que los taxistas exploten su licencia en exclusiva. Sant Josep también hace la misma interpretación, pero el Ayuntamiento de Ibiza lo ve de forma diametralmente opuesta y entiende también como los juristas del Govern que, en este caso, prevalece el reglamento nacional de 1979 e impide que el titular de una licencia pueda explotarla y a su vez tener otro trabajo.
Ante la falta de una interpretación clara y única, el diputado de Ciudadanos Marc Pérez-Ribas preguntó al conseller de Movilidad que aclarase esta cuestión. En su respuesta, Marí Ribas admitió que se trata de un asunto «discutido» en Ibiza. «Hay una preocupación entre diversas interpretaciones. No es fácil ni tal vez haya una respuesta muy concreta», dijo, para agregar acto seguido que el decreto nacional de 1979, aunque sea «bastante antiguo, preside toda la actuación». «Habla de exclusividad», apuntó.
«Luego está la ley 4/2014 de transporte de Balears que se refiere a lo no especificado en esta normativa [el decreto nacional] pero que ha dejado un pequeño espacio de interpretación», indicó, al tiempo que recordó que los ayuntamientos tienen «capacidad» para reglamentar «muchas cosas del taxi, y entre ellas han regulado esto [la exclusividad]».
La conclusión final de su argumentación de Marí Ribas fue la siguiente: «Consultados los juristas de la conselleria, entendemos que se ha de interpretar sobre el decreto de 1979 esta exclusividad, todo y que también pueden tener trabajadores».
La normativa nacional y balear
En concreto, el artículo 17 del decreto nacional de 1979 determina que «toda persona titular de licencias tendrá la obligación de explotarla personal o conjuntamente mediante la contratación de conductores asalariados en posesión del permiso local de conductor y afiliación a la Seguridad Social en régimen de plena y exclusiva dedicación y de incompatibilidad con otra profesión», a lo que agrega que «cuando no pueda cumplirse con dicha obligación procederá la transmisibilidad de las licencias en los supuestos admitidos en el artículo 14 o su renuncia».
Por su parte, la ley 4/2014 de transportes terrestres y movilidad sostenible de Balears especifica, en su artículo 51.2, que el servicio del taxi «podrá prestarse por su titular o conductores que cumplan las condiciones de carácter personal que se establecen, contratados de conformidad con el Estatuto de los trabajadores o la normativa que sea de aplicación».
Ciudadanos: «Todos debemos ser iguales ante la ley, ponga orden»
El diputado de Ciudadanos Marc Pérez-Ribas advirtió ayer en el Parlament al conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí Ribas, de que «no se puede poner de perfil» sobre esta cuestión y que debe responder «sí o no» a si los titulares deben dedicarse en exclusiva al taxi. «¿Las ordenanzas municipales pueden saltarse a la torera la legislación nacional y balear?», cuestionó Pérez, que, aparte de lamentar «la inseguridad jurídica» que esta situación ocasiona, pidió al conseller que, «si la ley de 2014 es ambigua en algunas cosas, se aclaren los puntos conflictivos».
«No puede ser que un aspecto tan importante como el uso de una licencia de taxi, tenga diferentes interpretaciones en según qué municipios en los que se desarrolla la actividad. Independientemente de que afecte a un servidor público [el alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero], todos debemos ser iguales ante la ley. Ponga orden señor conseller», concluyó el diputado de Ciudadanos.
En su segunda intervención, el conseller de Movilidad y Vivienda se desmarcó del contenido de la ley y de su interpretación porque no estaba en el Govern cuando esta se tramitó. «Efectivamente sería bueno que hiciéramos una interpretación igual en todos los ayuntamientos. Estoy en el ejecutivo [el Govern balear], pero usted también puede presentar alternativas [como diputado] de lo que se puede rectificar. Hay interpretaciones, pero ya le he dicho cuál es la que hacemos nosotros», zanjó Marí Ribas.
