El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Palma de Mallorca ha declarado nula la sanción de 6.000 euros que en julio del año pasado el Ayuntamiento de Sant Josep impuso a los propietarios de una vivienda turística por el incumplimiento de la ordenanza municipal de ruido y vibraciones. La decisión judicial se basa, entre otras cosas, en el hecho de que el Consistorio dirigió el procedimiento sancionador, por exceso de ruido, contra los propietarios de la casa, y no contra la inquilina, que fue la que incumplió la normativa y a la que denunciaron los agentes de la Policía Local. La sentencia considera que no se ha acreditado la responsabilidad de los dueños de la vivienda.
En concreto, el 23 de agosto de 2019, a la 1.53 horas, los agentes se personaron en la vivienda y escucharon, desde el exterior, música procedente del interior que causaba, a esa hora de la madrugada, evidentes molestias al vecindario, según constaba en el expediente administrativo. En todo caso, la Policía Local no recibió ninguna denuncia previa por parte de los vecinos. Se hizo una prueba sonométrica en la que se constató que el nivel de decibelios excedía el máximo que permite la normativa. Ante esta situación, los agentes cursaron una denuncia contra la residente en la casa.
El juzgado considera que debe acreditarse la responsabilidad de los dueños de la vivienda en la infracción cometida
Sin embargo, el Ayuntamiento inició el procedimiento sancionador contra los propietarios de la vivienda, y no contra la inquilina, al atribuirles la responsabilidad de la infracción basada en «una culpa in vigilando, por desentenderse por completo de la responsabilidad en las infracciones administrativas de sus inquilinos». En el decreto municipal se justificaba que «el Tribunal Supremo admite la imprudencia siempre que se desatienda un deber legal de cuidado» y agrega que «el propietario debe tomar medidas para evitar que se produzcan infracciones administrativas, y que al desarrollar una actividad económica son responsables administrativos los titulares de la misma porque obtienen un lucro».
LOS HECHOS
Los agentes actuaron por iniciativa propia
Los agentes de la Policía Local actuaron por iniciativa propia al escuchar desde el exterior la música que procedía de la casa cerca de las dos de la madrugada. No había denuncias de los vecinos.
No obstante, la sentencia indica que «no basta el hecho de que se destine la casa a un alquiler turístico para que el propietario asuma una posición de garante de las infracciones que puedan cometer los inquilinos». «La culpa in vigilando debe acreditarse y exige como fundamento que el garante desprecie las esenciales normas de cuidado que exige la conducta concreta», dice el fallo judicial.
En este caso, agrega la sentencia, deberían «constar varias denuncias contra los inquilinos por no respetar la normativa de ruido», que «la Administración les hubiera comunicado en algunas ocasiones que se estaban produciendo molestias por ruido» y que, pese a ello, «no hubiesen actuado». «Pero nada de esto consta en el expediente administrativo. Sólo que los agentes de la Policía, por iniciativa propia, se paran en la casa y oyen el ruido. No consta que los vecinos llamasen», añade.
"Siendo imposible que el propietario pueda estar en la casa mientras ésta está alquilada para ejercer una labor de vigilancia que le exige la Administración, debe entenderse que falta el elemento de la responsabilidad o culpa que exige el ordenamiento jurídico para poder imponer una sanción", concluye. Esta sentencia contrasta con la que emitió a principios de año el mismo juzgado (se adjunta) y que sí conformaba la multa de 6.000 euros impuesta a los propietarios de una vivienda alquilada en Cala Tarida en la que se organizó una fiesta que causó muchas molestias a los vecinos.
