El departamento de Gestión del Territorio, Infraestructuras, Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo del Consell de Ibiza abrió el pasado año 52 expedientes por intrusismo, una importante mejora respecto a los ocho que únicamente inició en 2016. Son, además, un 85,7% más que los que hubo en 2019 y un 225% más que los de 2018.
Del total se resolvieron 23, el doble que en 2019 y tres veces más que en 2016: «Es evidente por estas cifras el impulso dado a este departamento», señaló el titular de esta conselleria, Mariano Juan, en una rueda de prensa celebrada en la sede de la institución insular junto a la directora insular de esas áreas, Naihara Cardona, y en la que detallaron la memoria de las actuaciones realizadas en 2020.
Paralelamente, se incrementó notablemente la cuantía de las sanciones por intrusismo, que alcanzaron los 1.040.000 euros, un 282% más que en 2019 y un 225% más que en 2018.
Ese departamento sancionó 185 anuncios ubicados en webs que alquilan viviendas turísticas sin permiso, «pisos piratas», según Juan, que se ofrecen en plataformas como Airbnb. De ellos, 164 fueron retirados, y hay 21 activos aún, si bien han sido objeto de expediente sancionador.
El departamento de Gestión del Territorio también multiplicó por 11 la cuantía de los expedientes sancionadores abiertos por infracciones urbanísticas respecto a 2019, según consta en la memoria. El pasado ejercicio tramitó expedientes cuyas sanciones se elevaban a 6.051.340 euros, un 1.008% más que los 546.000 euros de 2019. Se dio un paso de gigante en este sentido, pues en el año 2018 el valor de las sanciones sólo fue de 120.000 euros (ahora es 50 veces superior).
«Nos hemos puesto al día, acabando con un retraso de más de 11 meses denunciado por todos los colegios profesionales»
Juan indicó que ese incremento se debe a dos razones. En primer lugar, a que «se ha aumentado la eficacia» de esa conselleria. Segundo, a que se han centrado en las «infracciones más flagrantes y en las de más cuantía».
1.500 cédulas de habitabilidad
Esto último se percibe al analizar la cifra de tramitaciones: mientras en 2018 se tramitaron 69 expedientes de investigación de disciplina urbanística, tanto en 2019 como en 2020 la cantidad fue idéntica: 80. El 35% se encuentra en suelo rústico común, donde el Consell no tiene la competencia, y el expediente acaba finalmente en manos de los consistorios. El resto, el 65%, es suelo rústico protegido, donde la institución insular sí es competente. De ese porcentaje, el 40% corresponde a zonas que limitan con la costa.
Esa eficiencia de la que habla Juan también se constata en la concesión de cédulas de habitabilidad el pasado año, 1.500, más del doble que en 2019 (732): «Nos hemos puesto al día, acabando con un retraso de más de 11 meses denunciado por todos los colegios profesionales», asegura el conseller insular. Y a punto, afirma, de cumplir los plazos temporales legales para su tramitación. Para Juan, evitar que se dilaten los plazos es fundamental: «Detrás de cada expediente hay un proyecto de vida, hay inversiones. Lo mínimo que se espera del Consell es que se desbloqueen».
En 2020 se resolvieron 85 expedientes urbanísticos en suelo rústico, 33 más que el año anterior, un 63% más. De ellos, 79 eran de viviendas: a 59 se les dio la autorización, pero a una veintena, no. Juan se mostró satisfecho por la «tendencia al alza del rendimiento de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico-Artístico (Ciotupha)», entre otras cosas porque «se reúne ahora más que antes» y porque, además, «se ha incorporado una plaza de arquitecto». El pasado año se derruyeron, además, dos viviendas (una de ellas, una ampliación ilegal en Corona), lo cual es «un éxito», según el conseller, dado que para llegar a ese momento hay que lidiar con contenciosos que eternizan el procedimiento.
80% del presupuesto ejecutado
El departamento de Ordenación Turística ha resuelto, asimismo, cerca de 900 declaraciones responsables de estancias turísticas en viviendas unifamiliares que estaban pendientes de ser resueltas desde hacía años, hasta ponerlas también «casi al día».
«La intención política de este equipo de gobierno no es hacer nuevas carreteras ni nuevos desdoblamientos, sino mejorar aquello que ya tenemos»
Según la memoria de la sección de red viaria, se ejecutó más del 80% de su presupuesto, «la más alta en muchos años, lo que demuestra que este equipo de gobierno ejecuta aquello que proyecta», según Juan. En 2017 fue de un 15%; en 2018, menos del 10%, y en 2019, del 30%. Se invirtieron unos 15 millones de euros en la carretera de Santa Eulària (10 millones de euros), en reasfaltar y mejorar las de Sant Mateu y Santa Agnès (1,8 millones de euros), en mejorar la E-10 en la ciudad de Ibiza (1,4 millones de euros), en asfaltar la Ronda Norte de Sant Antoni (559.000 euros), en construir las rotondas de ses Païsses (600.000 euros) y en mejorar la calle Margarita Ankermann (carretera de circunvalación), en Santa Eulària (553.000 euros). «La intención política de este equipo de gobierno no es hacer nuevas carreteras ni nuevos desdoblamientos, sino mejorar aquello que ya tenemos», indicó Juan.
El conseller indicó que, además, han puesto también al día los desembolsos por las expropiaciones de la carretera de Sant Miquel (500.000 euros), y sólo faltan por pagar unos 50.000 euros de intereses. Ahora iniciarán el abono de las expropiaciones de la carretera de Sant Joan.
«Se están resolviendo expedientes de vallas escondidos en un cajón desde 2015»
Uno de los objetivos del Consell de Ibiza es luchar «contra las docenas y docenas de vallas ilegales». Decidieron «atacar» primero las que hay en suelo rústico, por no ser legalizables, y por ser donde más impacto crean: se retiraron 100, 54 de ellas estaban en la carretera de Sant Antoni y 34 en la del aeropuerto (aún hay ocho por resolver en su entorno). Impone además multas coercitivas cuando el propietario no las retira. No será fácil en el caso de las que hay en travesías urbanas, pues la nueva normativa sí las permite en ese ámbito. Naihara Cardona explicó que «se están resolviendo peticiones de autorización de vallas publicitarias que llevaban escondidas en un cajón desde 2015». Hay, en ese sentido, unas 80 de un sólo propietario de Vila. Cardona indicó que habrá que revisarlas de nuevo «una por una».
