Las seis viviendas de grandes tenedores que el Govern balear va a expropiar temporalmente en la isla de Ibiza, durante siete años, afectan a fondos de inversión asociados a bancos, como Divarian Propiedad SA, participada por el BBVA, o Aliseda SAU, vinculada con el Santander. En concreto, se trata de dos viviendas de 93 y 88 metros cuadrados, respectivamente, situadas en Santa Eulària y Sant Antoni.
Otro de los inmuebles afectados, también de Santa Eulària, tiene 43 metros cuadrados y pertenece a Global Pantelaria, que preside desde 2018 Gerardus Johannes Shipper, un ejecutivo relacionado con el ‘fondo buitre’ norteamericano Cerberus, según Diario.es, que agrega que en verano de 2019 el Banco Santander vendió a este fondo inversor estadounidense 35.000 viviendas por 1.535 millones de euros. Cerberus también participa de Divarian Propiedad, la propietaria del inmueble de Santa Eulària apuntado anteriormente.
Una vivienda de 81 metros cuadrados de Vila que se destinará a alquiler social pertenece a Inversiones Inmobiliarias Limarta, empresa con sede en Barcelona. Los otros dos inmuebles de grandes tenedores que se van a expropiar durante siete años se encuentran en Sant Antoni (de 72 y 70 metros cuadrados) y pertenecen a Promontoria Coliseum Real Estate SL, al que el Banco de Sabadell ha traspasado muchos inmuebles.
Precisamente, Coliseum es la propietaria del edificio de viviendas de Cala de Bou a cuyos inquilinos trata de desahuciar (pese a que algunos aún tienen contrato en vigor) y que ha obligado a intervenir al Ayuntamiento de Sant Josep y al Consell de Eivissa para tratar de pararlo (ver página 12).
El nuevo conseller balear de Movilidad y Vivienda, Josep Marí Ribas, defendió ayer la expropiación temporal de pisos vacíos a grandes tenedores para ofrecerlos en alquiler social (un precio que no supera el 30% de los ingresos de la familia beneficiaria). «Creo que está justificado cuando hay empresas y fondos que tienen pisos cerrados. El objetivo de esta norma es estimular que las viviendas cumplan su función social y que no estén cerradas porque sí».
Marí Ribas defendió también el derecho de la gente a manifestar su oposición a esta medida, que, recordó, «no se ha inventado ahora», sino que se previó en la ley balear de Vivienda de 2018.
El Govern pagará de una vez a los propietarios de las viviendas expropiadas en Ibiza 267.000 euros (por un alquiler de 530 euros al mes). Esto no quiere decir que el Ibavi cobre luego la misma cuantía a los futuros inquilinos, ya que el coste no puede superar el 30% de los ingresos familiares.
Para justificar esta medida, la conselleria balear de Vivienda apunta que en el caso de Ibiza, por la falta de vivienda pública, en 2019 no se pudo conceder ninguna a las 2.022 personas que lo solicitaron. En total, se expropiarán durante siete años 56 viviendas en Balears, ninguna en Formentera.
