La delegada del Gobierno en Balears, Aina Calvo, criticó ayer el recurso con el que PP, Ciudadanos, Més y El Pi quieren llevar los últimos presupuestos de Pedro Sánchez al Constitucional por el incumplimiento del REB. «Judicializar los problemas políticos no es buena estrategia ni es la vía», rechazó la delegada, que trató de negar que la inversión del Gobierno en Balears quede por debajo de la media, sumando a la inversión directa, desde convenios o fondos europeos hasta los recursos que llegan del sistema de financiación -del que habitualmente las islas son aportadoras-para hablar de una aportación global al archipiélago de 3.394 millones en 2021.

La delegada del Gobierno fue preguntada por la iniciativa presentada en el Parlament durante la rueda de prensa de «rendición de cuentas» del Gobierno en Balears. En su opinión, «hay una vía institucional y otra política» para avanzar en el cumplimiento del Régimen Especial. En este sentido recordó que hay una «visión discrepante» entre los partidos sobre el incumplimiento del REB, en alusión al voto en contra de PSOE y Podemos en la votación del recurso. No obstante, la delegada sí concedió que «obviamente queda mucho por hacer».

En los últimos presupuestos generales, el Gobierno de Pedro Sánchez volvió a dejar la inversión directa en el archipiélago, por debajo de la media del estado, que era lo que venía a corregir el REB: por los 258 euros de la media nacional, el Gobierno invertirá en las islas 175 euros per capita en 2021.

Sin embargo, en su rendición de cuentas, Calvo negó que la inversión del Gobierno en Balears esté por debajo de la inversión en otras comunidades, sino, al revés, que está por encima. Para ello, cifró el volumen de recursos que llegan a las islas en 3.394 millones. Una cifra para la que no utilizó sólo los 201 millones de euros de la inversión directa, como es habitual, sino que sumó convenios o fondos europeos para hablar de una inversión de 507,9 millones, e incluso sumó los 2.887 millones del sistema de financiación autonómica para financiar los servicios públicos de las islas y del que hasta la pandemia Balears era aportadora neta.