En 1991 saltó la noticia: se iba a construir un campo de golf en Cala d'Hort, en una extensa área de 600.000 metros cuadrados, aproximadamente entre el yacimiento de Can Sorà y el borde del mar. Pero ese proyecto no era sino el caballo de Troya para una serie de urbanizaciones que iban aparejadas con el campo de golf. De hecho, como demuestra la experiencia (Roca Llisa, sin ir más lejos), este tipo de instalaciones deportivas no son sino un pretexto para urbanizar los alrededores. El hotel (o casa-club) que preveía el proyecto incluía unas 450 plazas, pero había previsto otro complejo turístico anexo al campo, que sumaba alrededor de 2.000 plazas más.

Las instituciones locales ampararon sin matices esta iniciativa, promovida por la empresa madrileña Calas del Mediterráneo SA, y tanto el Consell como el Ayuntamiento y el Govern, todos en manos del PP, pasaron por alto todas las anomalías denunciadas por los vecinos, los ecologistas y la oposición. De hecho, iba a autorizarse sin disponer siquiera de la declaración de Interés General por parte del Consell, por considerarla «innecesaria».

La movilización social que se desató en contra de este proyecto fue la más importante desde la que había suscitado la protección de ses Salines, catorce años antes. La polémica inundó los medios de comunicación entre ese 1991 y hasta 1999, cuando el PP que lideraban Antonio Marí Calbet, José Juan Cardona y Pere Palau anunció en rueda de prensa que renunciaba a seguir defendiendo el campo de golf. Pocos meses antes había tenido lugar la manifestación ecologista más numerosa de la historia, con 11.000 personas en la calle. Como, además, la izquierda se presentaba unida por primera vez a las inminentes elecciones locales, no estaba el horno político para bollos urbanísticos. Y eso que el entonces presidente del Consell, Marí Calbet, había calificado de «secarral» la zona afectada, pese a estar incluido en todos los catálogos científicos del momento. De todos modos, los progresistas dirigidos por Pilar Costa ganaron esos comicios de 1999 y el nuevo Govern, también de izquierdas, sepultó para siempre el proyecto y protegió la zona como Parque Natural, si bien años más tarde esta figura se reduciría solo a los islotes, gracias al recorte del PP.

Sin embargo, las secuelas de este macroproyecto durarían todavía algunos años. La urbanización que lo acompañaba, s'Ullastre, tardó años en quedar muerta y enterrada, dada la proverbial tolerancia de los responsables urbanísticos de entonces hacia proyectos repletos de deficiencias.

Hay que tener en cuenta, además, que también a principios de los años 90, en una decisión poco habitual en el exalcalde José Serra Escandell, el Ayuntamiento declaró caducadas entre 20 y 30 licencias de casas unifamiliares que ya había concedido en la finca del campo de golf, pero fuera de este recinto.

Incluso cuando todos estos crecimientos urbanísticos y el propio golf habían dejado de amenazar ya este espacio, surgía de repente otro proyecto en el mismo lugar. Se trataba de un conjunto de cinco mansiones situadas al borde mismo del mar, justo al lado de la playa de Cala d'Hort. La permisiva normativa urbanística vigente en la década de los 90 en Eivissa (incluso se había recortado un trozo de ANEI de Cala d'Hort para que pudiera 'caber' el campo de golf) no presagiaba nada bueno y todo indicaba que esas cinco casas terminarían materializándose, arruinando para siempre la fisonomía de la costa situada frente a es Vedrà.

Hubo que esperar a la llegada de Pilar Costa al Consell para que se denegara la iniciativa, en vista de que constituía un clamoroso caso de parcelación, algo prohibido por la legislación. El Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN) había presentado alegaciones, que fueron aceptadas por los técnicos de la institución. De hecho, esta entidad ecologista lideró durante esa época la labor de denuncia y movilización social contra todos y cada uno de los proyectos urbanísticos que iban apareciendo en el horizonte.

No terminaron ahí los problemas. A partir de 2009 fueron los progresistas quienes protagonizaron alguna sonada polémica por autorizar obras más que discutibles en Cala d'Hort.

Los seis 'bungalows' de Marí Ribas

Fue el caso de una licencia concedida en septiembre de 2007 por el alcalde socialista de Sant Josep, ya entonces Josep Marí Ribas, para 'reformar' una vivienda de la zona. Pero esa licencia era de tal generosidad que permitía, aparte de reformar la casa, ampliarla con seis bungalows hasta crear una zona edificada de 650 metros cuadrados (el cuádruple de la construcción original) y una piscina de 100 metros cuadrados. Para más inri, el permiso otorgado por Marí Ribas estaba en zona protegida como Área Natural de Especial Interés (ANEI) y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Y, además, la licencia incluía destruir la antigua casa payesa que teóricamente era objeto de «reforma». Tuvo que ser el Consell de Eivissa el que emitiera un informe advirtiendo al Ayuntamiento de que esa licencia constituía una «infracción manifiesta y, por tanto, de nulidad radical». Simplemente, el equipo de gobierno de Marí Ribas se había saltado a la torera toda la normativa aplicable y, gracias al informe del Consell (en realidad, un descomunal rapapolvo), se vio obligado a anular el permiso que concedió, decisión confirmada por un juez poco más tarde. Circunstancias de la vida, el concejal de Urbanismo en ese momento era Josep Antoni Prats, actual edil de Ara Eivissa que ahora ha denunciado el hotel rural que se proyectaba en las proximidades.

Prats y Marí Ribas, antes de admitir su error, declararon en rueda de prensa que dieron la licencia porque «había informes favorables» y, al ser preguntados por si iban a acatar la orden de revocar la sentencia dada por el Consell, contestaron que «no era la primera vez» que la institución insular les recriminaba hechos parecidos «aunque el Ayuntamiento es soberano» para decidir. No era la primera vez ni sería la última en producirse una situación como esta.

Quedó así conjurada una amenaza, pero surgió otra nueva. Justo a unos metros de distancia de donde se iba a realizar ese conjunto de bungalows (cuyas obras llegaron a iniciarse), los ecologistas del GEN llevaban meses intentando paralizar una macromansión de 800 metros cuadrados, que se tramitaba de forma silenciosa desde hacía un tiempo, promovida por una ciudadana británica. En realidad, era la misma dueña y la misma finca del caso anterior, que ahora trataba de impulsar un nuevo proyecto algo más abajo. La Comisión Insular de Urbanismo y Patrimonio del Consell y la Comisión Balear de Medio Ambiente del Govern, durante el anterior mandato 2015-2019, dieron su visto bueno inicial y, por tanto, ya solo quedaba que el Ayuntamiento de Sant Josep otorgara la correspondiente licencia de obras.

Fue necesario que los ecologistas alertaran de la existencia de una planta endémica y protegida que no se había tenido suficientemente en cuenta en los estudios previos para que se diera marcha atrás al proyecto. La ginesta de Eivissa, considerada en peligro de extinción, crece precisamente en la parcela donde se iba a ubicar este proyecto, que pese a su espectacularidad, era calificado como «vivienda unifamiliar».

Aún en Cala d'Hort, pero ya montaña arriba, el Consell paralizó en los primeros años 2000 un 'Centro de salud y retiro espiritual' en el que un empresario quería convertir una vieja païssa en medio del bosque, seguramente para darle una finalidad turística.

Y, finalmente, llega el proyecto de hotel rural, que ha vuelto a levantar una polvareda que, en realidad, nunca ha terminado de desvacenerse. Como si del Día de la Marmota se tratara, el Consell de Ibiza ha tenido que enmendar la plana al Ayuntamiento de Sant Josep, el cual, también una vez más, ha alegado informes técnicos para justificar su apoyo al proyecto. En este caso, se trataba de añadir cinco módulos, una piscina, un restaurante y un aparcamiento a una pequeña casa payesa preexistente. La titubeante acción del alcalde se ha visto cortada en seco por el Consell, que no ha tardado ni dos semanas en zanjar la discusión, y sin matices de ningún tipo.

Todo esto es lo que hoy existiría en Cala d'Hort de no haber mediado un sinfín de gestiones, denuncias y también movilizaciones en la calle a lo largo de treinta años. Un espacio que hoy está declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC), es decir, el equivalente de la UE a Parque Natural, fue durante décadas un solar entregado a la especulación urbanística.

La zona, desde luego, no es un paraje virgen, porque aquí y allí proliferan construcciones no siempre amparadas en licencia, y algunas más recientes han logrado burlar, de forma legal, la protección ambiental que ahora afecta a la zona, porque se empezaron a tramitar hace tiempo. Sin embargo, la diferencia entre lo que hay y lo que podría haberse construido es innegable.

Un Parque Natural de ida y vuelta

La historia de la protección ambiental de la zona va paralela a estos avatares urbanísticos. El Govern balear de Francesc Antich (1999-2003) declaró Parque Natural toda esta parte de la isla (incluyendo también es Cap Llentrisca y sa Talaia de Sant Josep, así como los islotes) al mismo tiempo que archivaba el proyecto del campo de golf. Pero los propietarios afectados, al ver amenazadas sus expectativas urbanísticas particulares, emprendieron luego una campaña de protestas y convencieron al PP para que cancelara ese Parque Natural tan pronto como recuperó el gobierno insular en 2003. Por ese motivo, hoy solo son Reserva Natural es Vedrà, es Vedranell y los islotes de Poniente, último vestigio de una extensa zona protegida que duró apenas uno o dos años. Este hecho, unido a algunas lagunas en la normativa urbanística y ambiental (empezando por el PTI anterior a su reforma), sirvió de coladero para algunos proyectos que sí se han materializado.

Después del último episodio del hotel rural anexo al observatorio astronómico, los ecologistas del GEN han propuesto directamente la compra de la finca principal (la que era propiedad de Calas del Mediterráneo y ahora lo es de la familia del fallecido empresario de Puerto Sherry Pedro Bores) para garantizar su protección y evitar nuevos sobresaltos.

De hecho, esta entidad afirma que mientras un terreno no sea de titularidad pública su protección nunca estará suficientemente garantizada. Las leyes que preservan la zona «son de quita y pon», señalan los ecologistas. De hecho, ya en 2008 el propio Consell propuso al Govern que comprara esta finca, pero nunca hubo respuesta. Fue entonces cuando apareció la familia Bores y compró los terrenos.

Un paraíso natural a expensas de la construcción

Cala d’Hort y sus inmediaciones constituye uno de los espacios naturales más valiosos de las Pitiüses y de todo Balears, por la cantidad de especies endémicas o amenazadas que es posible encontrar allí. A la ya conocida ginesta de Eivissa y otros valiosos endemismos en el ámbito vegetal se suma la importante colonia de halcón de Eleonor, una de las más importantes del archipiélago. Sin embargo, su importancia trasciende el mundo natural, puesto que es aquí donde se encuentra el yacimiento púnico-romano de Can Sorà, una gran vivienda que fue habitada a lo largo de más de mil años por las sucesivas civilizaciones que pasaron por la isla. Junto a ella hay diversos hipogeos, además de la gran casa payesa que preside la zona y ahora propiedad del Consell. Allí se encuentra el telescopio de Cala d’Hort, para el que no ha sido necesario modificar el aspecto exterior de la construcción. Los valores de la zona se completan con la torre des Savinar, ya en el litoral, una de las características torres de defensa que jalonan la costa pitiusa. Hoy en día, toda esta área está protegida como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y también, en buena parte, como Área Natural de Especial Interés (ANEI), que teóricamente la blindan urbanísticamente. Sin embargo, sigue sin recuperarse la parte de ANEI que se suprimió en 1992 a iniciativa del PP precisamente para hacer viable el campo de golf que en esos momentos se estaba proyectando.