La Comisión Europea emitió ayer un comunicado en el que afirma haber llegado a una serie de acuerdos con la plataforma digital de alquiler Airbnb para que «mejore la presentación de sus ofertas». A efectos prácticos, estos compromisos de mejora de Airbnb se limitan a aspectos de contratación y a respetar normas a las que ya obliga la legislación estatal. Esta compañía anuncia numerosos alquileres ilegales en Ibiza, especialmente pisos turísticos, que están prohibidos en toda la isla.
La comisaria de Justicia, Consumo e Igualdad de Género, Vera Jourova, destacó que «lo que los europeos ven cuando contratan sus vacaciones es lo que tienen que obtener realmente». Por ello, «los consumidores pueden estar seguros de que el precio que ven en la primera página [de la web] será el precio que pagarán al final», añadió la comisaria.
Entre los principales compromisos de Airbnb figura que el precio que muestren en sus anuncios será la tarifa total, incluyendo tasas, limpieza y servicio. Asimismo, se distinguirá «si la oferta de alojamiento es de un anfitrión particular o de un profesional».
Del mismo modo, ofrecerá en su web «un enlace fácilmente accesible a la plataforma de resolución de litigios en línea» de la propia Comisión Europea.
La empresa asegura que ha revisado sus condiciones de servicio para que «los usuarios puedan presentar denuncias contra Airbnb en los juzgados de su país de residencia», y además dice que «respeta el derecho básico de los usuarios de denunciar a un anfitrión en caso de daños personales o de otros perjuicios».
El acuerdo no incluye ningún compromiso a respetar las normativas que imponen los estados miembros o las comunidades autónomas, como la exigencia en las islas de que todos los anuncios de alquiler vacacional lleven visible el código turístico concedido por la Administración. Este código se debe asignar a las viviendas vacacionales (casas de campo), pero los pisos en edificios plurifamiliares no pueden siquiera anunciarse porque está prohibido alquilarlos turísticamente.
La portavoz de la entidad Soluciones Legales para Todos, Nahiara Cardona, que lucha contra el alojamiento turístico ilegal y a favor de la vivienda, dijo que estas medidas no suponen ninguna novedad: «Son de cajón y no se necesita que nadie las diga para que se cumplan».
Aunque consideró «imprescindible» distinguir si el anfitrión es un particular o un profesional, a efectos de deslindar responsabilidades y sanciones, alertó de que será difícil aplicarlo. «Hay particulares que con el mismo nombre tienen veinte apartamentos», recordó.
