El pleno de Sant Antoni, convocado de manera extraordinaria, no admitió ayer el recurso de reposición interpuesto por la empresa Acciona Agua Servicios S. L. contra el acuerdo de adjudicación a la Sociedad Agrícola Castellonense S. A. (Facsa), en sesión plenaria del pasado 22 de noviembre, del contrato de gestión de servicio público de abastecimiento de agua potable y saneamiento del municipio. Votaron en contra los ediles del PP y se abstuvieron los del PI.
El secretario de la corporación, Joaquín Granero, explicó que procedía aplicar esa inadmisión porque Acciona interpuso primero un recurso igual, en materia de contratación, ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc), lo cual «ha modificado la naturaleza del acuerdo de adjudicación [del concurso del agua]», subrayó Granero. Así, y a juicio del secretario, no se puede aceptar el recurso de reposición ante el Consistorio porque el Tacrc no ha resuelto aún al respecto. Granero detalló que, para el informe que avala el rechazo al recurso presentado por Acciona, se ha servido de «jurisprudencia y normativa contractual y de legislaciones específicas».
Precisamente, el Tacrc notificó al Consistorio el pasado 21 de diciembre que levantaba la suspensión de la tramitación del procedimiento de contratación del concurso, «dejando sin efecto la paralización producida de forma automática a consecuencia de la impugnación del acto de adjudicación» por parte de Acciona. Eso no significa que el Tacrc haya tomado ya una decisión, sino que el Ayuntamiento puede proseguir los trámites del concurso, incluso proceder a la firma.
No obstante, el alcalde, Josep Tur, Cires, valoró esa decisión del tribunal, que pese a ser notificada en diciembre, no se dio a conocer hasta ayer: «Lo que nos dice es que podemos continuar con el proceso. Eso lo interpretamos como que estamos actuando de manera correcta». El alcalde espera poder «firmar el contrato de manera rápida», pero siempre respetando la legalidad. Y si esa firma se produjera una vez conocido el fallo, mucho mejor. Tur recordó que el Tacrc «suele resolver en dos o tres meses».
«Se quitan el muerto de encima»
Por parte del grupo popular, el edil José Sala indicó que hay «otras interpretaciones posibles», además de la del secretario: «No entendemos que el recurso se inadmita por cuestiones formales y que el recurrente se quede sin respuesta a las cuestiones de fondo planteadas». A juicio de Sala, el equipo de gobierno «soslaya el recurso con formalidades para quitarse el muerto de encima».
El exalcalde de Sant Antoni instó a que se dejara sobre la mesa la inadmisión del recurso y se pidiera «un informe técnico sobre los recursos [de Acciona y de Aqualia], bien a través de una consultora o de los técnicos municipales, así como otro económico, que debería redactar el interventor del Consistorio». Además, el popular propuso que «se suspenda la contratación hasta que se hayan resuelto todos los recursos y la adjudicación sea firme y definitiva».
Indemnizaciones millonarias
El concejal del PP estima que «debería ser el propio Ayuntamiento el que tuviera especial interés en conocer la fuerza real de los argumentos vertidos [por Acciona], para evitar que en instancias judiciales se revoque el acuerdo [de inadmisión] que se pueda adoptar, con consecuencias que podrían ser muy graves para este Ayuntamiento». Rogó al Consistorio «actuar con más cautela», pues con la inadmisión «se abren las puertas a la contratación de la adjudicataria [Facsa] sin esperar a la resolución de los recursos», lo que podría acarrear «indemnizaciones millonarias». «No entiendo -añadió- que el Ayuntamiento corra riesgos innecesarios».
El alcalde le respondió que «dejar este asunto sobre la mesa y parar el procedimiento no sería lo correcto», menos aún tras haber convocado «un concurso público de libre concurrencia, con total transparencia y según la ley de contratación». Tur ha sostenido que «no sería prudente mantener un contrato que es bastante perjudicial para los intereses de los ciudadanos». Así, y según sus cálculos, «la prórroga que el PP quería hacer a Aqualia por el suministro del agua, por una duración de 20 años, suponía para al municipio unos beneficios de 10,6 millones de euros», mientras que la mejor oferta del concurso recurrido «da 38,6 millones de beneficio en 25 años» a Sant Antoni.
Insinuaciones «molestas»
«Deberán explicar por qué quieren mantener el anterior contrato, con un perjuicio claro para el Ayuntamiento», reprendió Tur al PP. Sala, acabado el pleno, dijo sentirse «molesto por las insinuaciones» (que no son nuevas) de que su partido defiende a una empresa, Aqualia, concretamente: «Hemos sido críticos desde el principio [con este concurso] y hemos votado en contra siempre. Hemos discrepado de las bases, de que quien redactó los pliegos fuera la misma empresa que luego debía valorar las propuestas, de los criterios de aprobación y de la propia adjudicación. Y a la vista de los recursos, nuestras dudas se acentúan», afirmó el portavoz popular.
