El peligro de las zonas maduras

Laxitud con la Ley del Suelo, pero no más inversiones publicas. Según el vicepresidente de la CAEB, una de las primeras inexactitudes cometidas por los políticos es ligar la declaración de zona madura a una esperanzadora lluvia de inversiones millonarias: «En el lenguaje común, en el imaginario colectivo, todos tenemos la idea de que una zona madura es un emplazamiento que lleva muchos años con actividad, que está saturada, que tiene infraestructuras obsoletas y, en definitiva, que requiere una reforma urbana y, por tanto, una inversión pública importante. Sin embargo, en la normativa balear esto no es así». La declaración de zona madura es, básicamente, «un concepto administrativo que, además, hace más referencia al sector privado que al sector público. No se trata tanto de inversiones públicas como de inversiones privadas. Y esto supone una diferencia importante».

En ese sentido, Roselló califica de «pequeño escándalo» que desde el Estado y el Govern se amparen en que no hay zonas maduras en Ibiza para no invertir en la isla: «Se pueden amparar en cualquier cosa: en que no hay fondos, en que no están bien diseñados los proyectos? Pero no en eso». Y pone los ejemplos de Canarias, Andalucía y Valencia, «donde invierte el Estado» sin que exista esa declaración. «Se dejan a Menorca y a Ibiza fuera de las inversiones con ese argumento. Si fuera así, nunca habría inversión del Estado. Es una excusa tonta», añade.

El origen de las zonas maduras. Para entender qué son las zonas maduras, Roselló sugiere viajar al pasado, al momento en que fueron ideadas. Surgieron en 2012, en la época del Govern de José Ramón Bauzá, del PP: «Se promulgó entonces una nueva Ley General Turística que, además, fue modificada luego parcialmente [pocos meses más tarde] con el tema de las zonas maduras. En aquel tiempo, nos encontrábamos en plena crisis económica y no había fondos públicos para hacer inversiones. Había ajustes presupuestarios dramáticos, de manera que para favorecer la inversión privada, el Govern estableció el concepto administrativo de zonas maduras», señala. Afectaba, esencialmente a las normativas de carácter urbanístico, sobre todo a la Ley del Suelo, pues «quedaban flexibilizadas si se procedía, por parte privada, a realizar inversiones hoteleras en esas zonas maduras». En una época en la que el reajuste económico derivado de la crisis fue «muy importante, Bauzá reorientó las inversiones hacia el ámbito privado flexibilizando la Ley del Suelo», resume Roselló.

De ahí, subraya el vicepresidente de la CAEB, «el primer elemento de confusión» de las declaraciones formuladas durante la última semana por los políticos: «La declaración de zona madura no tiene nada que ver, en principio, con la inversión pública, sino que está relacionada con temas que atañen a la inversión privada». A las empresas hoteleras, «el Govern les daba el caramelo» de una mayor flexibilidad respecto a la Ley del Suelo. Por ejemplo, podían aumentar la ocupación.

«Se procurará» hacer inversiones. El vicepresidente de la CAEB insiste en que la declaración de zonas maduras «hace alusión a obligaciones para las empresas privadas, no a inversiones publicas. Eso, en la época Bauzá venía bien y generó mucha inversión privada». Pero no supone un maná seguro de millones de euros públicos. «Tanto la secretaría de Estado como la consellera balear de Turismo, Bel Busquets, se han escudado en que como no hay zonas maduras en Ibiza, aquí no se tiene derecho a inversiones estatales. Pero eso no es así. Eso es una excusa incierta. Lo han dicho -afirma Roselló- porque les ha dado la gana. Se escudan en un concepto puramente administrativo para justificar por qué no se invierte en Ibiza. La declaración de zona madura no tiene nada que ver con las inversiones del Estado y, si me apuras, tampoco con las del Govern balear».

¿Y qué dice la legislación al respecto? El punto 9 del artículo 77 se refiere a que «el Govern balear procurará, en colaboración con los consells y ayuntamientos afectados, elaborar un programa plurianual de inversiones y/o actuaciones públicas en las áreas turísticas incluidas en las declaraciones de zona turística madura». Se trata, advierte Roselló, de «una declaración que no está ligada a inversiones. Dice 'se procurará', lo que no significa que obligue. Por eso afecta más al sector privado que al público». La zona madura «está ligada a la inversión privada, no a la pública. No necesariamente tiene que haber inversión pública con esa declaración», recalca.

¿Por qué Sant Antoni no es una zona madura? Porque los empresarios hoteleros del municipio, tras analizar los pros y los contras, rechazaron su aplicación en la bahía. Según Roselló, les sobraban razones para no querer oír hablar de ese tema. La legislación relativa a las zonas maduras «está impregnada por la concepción de que hay que quitarse de en medio a toda la hotelería pequeña y de menos categoría». Y, en ese contexto legal, Sant Antoni tenía todas las de perder: «En Sant Antoni está muy extendida la hotelería independiente, con muchos hostales y hoteles de una o dos estrellas. Lo de las estrellas obsesionaba mucho en el ámbito del Govern. Para los alojamientos pequeños, formar parte de una zona madura significaba caer en una criba. Era muy difícil cumplir los cuestionarios de autoevaluación en el poco tiempo que se establecía, ni los planes de modernización. Por eso se descartó en Sant Antoni, algo que parece que se ha olvidado».

Un drama para los pequeños alojamientos. Cumplir con los requisitos que impone la declaración de zona madura no es sencillo: «Tiene un problema gravísimo. Los hostales, los establecimientos de una y dos estrellas, los bares y los restaurantes se ven perjudicados gravemente por la reducción de plazos respecto al sistema general, tanto para presentar planes de modernización como para los cuestionarios de autoevaluación». Aplicarlo en Sant Antoni «podía ser dramático». Así, se establecía que, en zonas maduras, los establecimientos de tres a cinco estrellas disponían hasta de seis años para subsanar todas las deficiencias de los cuestionarios de autoevaluación: «En cambio, los de una a dos estrellas contaban sólo con tres años». Además, la declaración de zona madura comportaba que «las empresas hoteleras más pequeñas debían desarrollar unos planes de modernización que se restringían a seis meses, cuando en general tenían un plazo de ejecución de dos años».

¿Supone un incremento de plazas... o no? El presidente del Consell, Vicent Torres, afirmó la pasada semana que si descartó declarar zonas maduras en la isla fue porque esa figura está ligada al aumento de plazas. El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, no cree que sea así: «Ambos tienen razón, aunque algo más el alcalde de Sant Josep. En la ley se contempla que en las zonas maduras pueda haber un aumento de plazas. De hecho, en las que se ha declarado, el aumento de plazas venía a ser el caramelo para realizar una inversión importante, como es la rehabilitación integral de un hotel. Pero al mismo tiempo, el consistorio tendría la obligación de elaborar un plan especial, llamado plan de rehabilitación integral, en el que se puede determinar que no haya aumento de plazas».

¿Es recomendable para Sant Josep? El alcalde de Sant Josep y los empresarios de la zona anunciaron la pasada semana que se lo están pensando. El vicepresidente de la CAEB les recomienda que tengan atados bien todos los cabos: «En el caso de Sant Josep -alerta-, me lo pensaría dos veces antes de meterme en esta historia. Puede conllevar problemas al sector privado pero también al propio Ayuntamiento». Al sector privado «porque en estos momentos no está clara cuál es la normativa de zonas maduras. Han pasado los plazos, de manera que habría que ver hasta qué punto estaría vigente para concluir los planes de modernización en zonas maduras y hasta qué punto es preferible la legislación general». Porque muchos plazos que se incluían en esa ley acabaron en 2017: «Hasta cierto punto, esa normativa está caduca». Por esa razón cree que «no es el momento de pensar en zonas maduras, es erróneo, pues habría que revisar toda esa legislación, que proviene del año 2013. Muchos de sus plazos acababan en los años 2016 o 2017. Ahora es un galimatías. En estos momentos, esa legislación podría ser desfavorable». Considera que existen alternativas mucho más interesantes: «Para actuar en una zona turística que requiere inversiones importantes, tanto privadas como públicas, puede haber, perfectamente, un plan fuera de la declaración administrativa como zona madura».

Además, en zonas maduras se restringen «mucho algunos plazos, incluso a los grandes hoteles. Los planes de modernización en zonas maduras, por ejemplo, se reducen a seis meses para todos, mientras que por la legislación general es de dos años», recuerda. De ahí que «antes de lanzarse», recomiende a los interesados «aclarar cuál es exactamente la situación legal» actual.

... y problemas para el Ayuntamiento. Declarar una zona madura no es sencillo, advierte Roselló, pues «tiene un problema añadido: la redacción del informe preceptivo y vinculante del Ayuntamiento». Se trata de «un informe muy complejo que toca temas urbanísticos e, incluso, de cambio climático. Si los ayuntamientos ya tienen muchos problemas para conceder licencias en tiempo y forma, para elaborar un plan tan complejo carecen de medios». El vicepresidente de la CAEB señala que algunos consistorios se han visto obligados, por razones similares, a encargar «fuera, a gente que no tiene mucha idea de lo que sucede en este ámbito local», informes que no resistirían el más mínimo examen.