Los propietarios de la casa Van der Driesche han interpuesto una querella contra el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Torres, por evitar el derribo de la vivienda de Cala Molí que ayer quedó inicialmente protegida por decisión de esta institución, según ha confirmado el arquitecto de la familia, Jaume Serra.
La denuncia penal presentada en los juzgados de Ibiza se basa en un presunto delito de prevaricación administrativa, al considerar que el presidente del Consell no era competente para dictar el decreto de medidas provisionales mediante el que se evitó el derribo de esta mansión.
La propiedad se basa en que la Comisión Insular de Urbanismo y Patrimonio rechazó en agosto proteger esta vivienda por no estar acreditado su interés histórico y cultural, pero a pesar de ello en septiembre el Consell emitió un decreto para suspender cautelarmente el derribo proyecto de la vivienda.
En cambio, la noticia del inicio del expediente de la declaración como Bien Catalogado ha sido acogida con satisfacción por el Colegio de Arquitectos de Ibiza y Formentera, impulsor de esta iniciativa. Los arquitectos destacan que es una «riqueza que se debe preservar» y, en este sentido, consideraron necesario trabajar «en el mismo sentido» en relación a otros bienes «que se están deteriorando».
El presidente en Ibiza y Formentera del Colegio de Arquitectos, Iván Torres, destaca que finalmente la ponencia técnica y la Ciotupha han entendido que la casa es «una riqueza existente en las Pitiusas». Asimismo, se refirió a los apoyos recibidos durante el proceso, valorando los estudios encargados a diversos especialistas. «No había ni un solo informe que no avalara esta petición, por lo que ha caído por su propio peso que la solicitud del Colegio de Arquitectos era sincera y valorable», añade.
Torres ha recordado que la vivienda se construyó en la década de los 70, y era «muy vanguardista para la época» y «revolucionó» la arquitectura y la construcción. «Es una casa especial», dijo Torres, quien reiteró que muchos estudiosos y catedráticos coinciden en la necesidad de que la vivienda sea protegida.
Según el presidente, al tener conocimiento de las intenciones de la nueva propiedad de derribar la vivienda, se inició el proceso para evitar la demolición. El inmueble, además, estaba en proceso de catalogación por parte del Ayuntamiento de Sant Josep.
En relación con la querella interpuesta por la propiedad contra el presidente del Consell, Iván Torres consideró que «todo se deberá aclarar», y afirmó que los arquitectos han seguido la ley «tal cual está estipulado» durante todo el proceso. «Todos los pasos dados para la protección de la vivienda están correctamente dados», ha añadido.
Por su parte, un portavoz de equipo de gobierno del Consell de Eivissa ha asegurado hoy al mediodía que no consta de momento la interposición de ninguna acción penal contra el presidente de la institución en relación con este asunto.
