La Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico-artístico (Ciotupha) del Consell de Ibiza acordó en su sesión de ayer aceptar la solicitud formulada por la demarcación de Eivissa y Formentera del Colegio Oficial de Arquitectos e iniciar el expediente de protección de la casa Van den Driessche, en Cala Molí, como Bien Catalogado. Comienza ahora la tramitación que, en unos meses, ha de culminar en la aprobación definitiva de esta figura jurídica.

Según informó el Consell en un comunicado, la decisión se ha adoptado tras estudiar los informes emitidos por personalidades académicas que han puesto de manifiesto el «gran valor arquitectónico» de la casa. Obra de José Antonio Martínez Lapeña y Elías Torres, Premio Nacional de Arquitectura 2018, se construyó en la década de los 70 para la familia holandesa que le da nombre.

Junto al recurso de alzada del Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares se incluyeron informes de la catedrática de Historia del Arte de la UIB, Catalina Cantarellas, o del profesor titular de Teoría e Historia de la Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña, Miguel Usandizaga, entre otros. El Consell había encargado también un informe al departamento de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia.

«Debe ser protegida»

El conseller de Patrimonio, David Ribas, explicó que recibieron el informe externo el 12 de diciembre y el 14 se elevó a la ponencia técnica de Patrimonio, destacando que en el documento, «muy detallado y completo, los profesionales no sólo recomiendan la protección, sino que establecen los valores del inmueble que merecen ser protegidos».

La Comisión ratificó de este modo la aprobación del informe por parte de la ponencia técnica. Ahora, se notificará el acuerdo a la propiedad y comenzará la incoación del expediente para declarar la casa Van den Driessche, en Cala Molí, como Bien Catalogado, figura que garantizará su protección y evitará que se efectúen reformas que desfiguren sus valores arquitectónicos.

El conseller Ribas recordó que es «indispensable» que para evitar más problemas similares, los ayuntamientos que aún lo tienen pendiente aprueben sus catálogos de bienes protegidos.

De este modo, los elementos de valor patrimonial de los diferentes municipios podrían contar con una herramienta legal que los ponga a salvo de reformas excesivas o, incluso, la demolición.

El inicio del proceso para proteger la vivienda se produce después de que, este verano, la propiedad tratara de demolerla, llegando incluso a provocar algunos daños justo antes de que la Policía de Sant Josep actuara para paralizar los trabajos.