El Ayuntamiento de Ibiza sostiene que actuará contra el pulso que le ha lanzado la Federación Insular del Taxi al hacer caso omiso al decreto que ordena la suspensión del servicio del GPS y llegará «hasta el final». El concejal de Movilidad, Juan José Hinojo, explica que la decisión de los taxistas de mantener el servicio de Vila tendrá «consecuencias». «Somos la Administración y tenemos herramientas para afrontarlo», destaca.
El concejal de Movilidad asegura que ha puesto el asunto en manos de los servicios jurídicos del Consistorio para que determine el camino que hay que seguir para forzar a los taxistas de Vila a cumplir el mandato municipal. «Llegaremos hasta donde haga falta», indica el concejal, que reconoce que este asunto le causa «preocupación». «Pero no estoy intranquilo ni atacado», matiza en referencia, insiste, a que el Ayuntamiento cuenta con «instrumentos de sobra» para actuar. «No hacer caso a la Administración tiene consecuencias», advierte.
Hinojo no tiene constancia de que la Federación Insular del Taxi haya recurrido el decreto de suspensión del GPS. Su presidente, Alejandro Cardell, justifica la negativa a cumplir el decreto del Consistorio en el hecho de que «no se puede matar moscas a cañonazos» y que no sólo no se hace ningún daño manteniendo el servicio del GPS sino «todo lo contrario: se está evitando un mal».
Prioridad: la firma del convenio
Prioridad: la firma del convenio
Sin el sistema de geolocalización para atender las llamadas de los usuarios el servicio puede funcionar igual, con el uso del servicio de radio, aparte del uso de las paradas, según Hinojo. En todo caso, el concejal de Movilidad insiste en que «la prioridad» es la firma del convenio para «acabar con esto».
El Consistorio ha ordenado la suspensión del servicio en Vila porque, desde hace más de un año, reclama a la Federación Insular del Taxi la firma, como operador oficial del GPS, de un convenio. La Asociación de Autónomos del Taxi de la ciudad de Ibiza es la que en su día rubricó este documento, pero, posteriormente, ésta traspasó a la Federación Insular la gestión del servicio sin formalizar el cambio ante la Administración.
Cardell sostiene que el Consistorio ha creado este «problema», según sus palabras, por la reclamación de la Federación para que fuerce a que la quincena de taxistas que no pagan la cuota del GPS salden su deuda, que asciende a casi 20.000 euros. La Federación Insular del Taxi cortó el GPS a los taxistas que no pagaban sin el consentimiento del Ayuntamiento.
Hinojo considera que todos los taxistas han de abonar el servicio del GPS e indica que la Federación del Taxi debería haber remitido antes al Consistorio el listado de las personas que no cumplen con los pagos. Llegó hace poco, pero, apunta Hinojo, tanto la Federación como la Asociación de Taxistas de Vila, tras el decreto de suspensión del GPS, han dejado de ser operadores del servicio.
El vicepresidente de la Asociación de Profesionales del Taxi de Vila, Joan Marí, en la que se aglutinan una quincena de taxistas (los que se niegan a pagar el GPS) indica que le «extraña» que el Consistorio haya ordenado la suspensión del sistema de geolocalización «sin tener prevista una alternativa». «Hemos dicho mil veces tanto al Consell como al Ayuntamiento que se debería convocar un concurso público [para la gestión del GPS]. Sería lo más limpio y transparente. Pedimos garantías», dice.
