La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido que deben ser los juzgados de Ibiza los encargados de investigar una presunta estafa cometida el año pasado con el alquiler de una casa situada en el municipio de Santa Eulària. Según explica el Alto Tribunal en un auto fechado el pasado 21 de septiembre, un hombre con domicilio en la ciudad italiana de Milán alquiló «una vivienda de verano de Santa Eulària» que vio anunciada en una página web, para lo cual realizó una transferencia de 3.150 euros desde la Banca Veneto a una oficina de ONG situada en la localidad madrileña de Las Rozas.
Por su parte, la propietaria de la vivienda también presentó una denuncia contra la personas o personas que pusieron su casa en alquiler. En su denuncia, la mujer explicó que su vivienda estaba anunciada en alquiler sin su conocimiento y añadió que, de hecho, ya estaba alquilada a otras personas. La dueña de la casa también aseguró en la denuncia que desconoce de qué manera la persona o personas que pusieron su vivienda en alquiler obtuvieron las fotos del inmueble con las que publicitaron el anuncio a través de internet.
Sin embargo, en la denuncia del perjudicado, es decir, el milanés, no consta la identidad del presunto estafador, sino tan sólo el número de cuenta de la sucursal del ING en Las Rozas.
El juzgado de Ibiza ante el que se presentaron las denuncias se inhibió mediante un auto del 7 de septiembre del año pasado a favor de los juzgados de Majadahonda (a cuya jurisdicción corresponde Las Rozas), por entender que los hechos ocurrieron en la localidad madrileña por estar allí domiciliada la cuenta de la persona denunciada.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, al que correspondió el caso, no aceptó la inhibición, ya que consideró que en aplicación del principio de ubicuidad el asunto le compete a los juzgados de Ibiza, ya que en el término de Majadahonda no se produjo ningún delito.
El juzgado madrileño presentó ante el Tribunal Supremo esta cuestión de competencia que, finalmente, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha fallado a su favor, ya que obliga a los juzgados ibicencos que investiguen la estafa.
