Con la ayuda de una grúa, el controvertido chiringuito de Cala Gració, junto a la desaladora de Sant Antoni, fue retirado ayer sin haber podido abrir sus puertas ni un solo día. El primero de los cuatro años de la concesión otorgada por la Demarcación de Costas ha quedado en blanco por el conflicto abierto con el Ayuntamiento.
El permiso de Costas obliga a desmontar las instalaciones al final de cada temporada, antes del 30 de octubre. Por la explotación del negocio (11 mesas y 38 sillas), la empresa abona 2.831 euros anuales.
Pese a que la junta de gobierno aprobó por unanimidad, al amparo de un informe técnico favorable, la puesta en marcha de este negocio de temporada, posteriormente, ante las críticas surgidas por el impacto que podría ocasionar en un tramo virgen de la costa, el equipo de gobierno dio marcha atrás y ordenó la suspensión del inicio de la actividad hasta la obtención del certificado de final de obra.
La empresa promotora no sólo rehusó cumplir este trámite, al entender que por ser una instalación desmontable no era necesario, sino que presentó un contencioso administrativo en contra de esta decisión. Pidió la suspensión cautelar por el perjuicio que le estaba causando la parálisis en plena temporada, pero el juez la denegó.
El secretario de la Corporación emitió un informe a principios de julio en el que, según su criterio, defendía que no era necesaria la obtención del final de obra, en discrepancia con el criterio de otros técnicos del Ayuntamiento. El alcalde, José Tur, también dijo que fue el propio secretario quien, en su momento, «validó que hacía falta cumplir este trámite».
El equipo de gobierno encargó un informe jurídico externo para tratar de aclarar las discrepancias que, según avanzó, concluía que el promotor debía cumplir el trámite que le exigía el Ayuntamiento.
El juzgado ha admitido a trámite una querella contra el alcalde, que tendrá que declarar como investigado en el juzgado el 25 de octubre, por un supuesto delito de prevaricación. También están citadas a declarar la concejala de Urbanismo, Cristina Ribas, y dos técnicas municipales.
