El juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza, el magistrado Francisco Javier Bretones, ha dictado auto de apertura de juicio oral por el caso del robo de 2.767.000 euros de la caja fuerte de las oficinas centrales de Grupo Empresas Matutes en Ibiza, en 2013. En este caso, la Fiscalía solicita cinco años de prisión para el exagente del Cuerpo Nacional de Policía Rafael Rodríguez, acusado de ser el único autor material del sonado robo.
La acusación pública señala en su escrito que, la noche del 26 de octubre de 2013, Rodríguez se aprovechó de su condición de personal de seguridad de Empresas Matutes -una flagrante incompatibilidad por la que, después, fue expulsado de la Policía Nacional- para entrar en el edificio principal del grupo, situado en la avenida de Bartomeu de Roselló, de Vila. Su intención, siempre según la acusación, era reventar la caja fuerte, para lo que previamente había comprado por internet botellas de acetileno y oxígeno y un soplete, material con el que, supuestamente, habría logrado su objetivo.
El Ministerio Público reclama también que Rodríguez indemnice al Grupo Empresas Matutes con 995.000 euros, que es la cantidad que, supuestamente, aún falta por recuperar de los 2,7 millones robados, más los intereses legales. Hay otro agente del Cuerpo Nacional de Policía acusado en el sumario, en este caso por presunto encubrimiento. Se trata de José Joaquín Fernández, conocido como J.J., para quien la Fiscalía reclama 21 meses de prisión, y no le exige indemnización.
Por contra, la acusación particular, ejercida por Grupo Empresas Matutes, que igualmente pide 21 meses de cárcel para este último agente, reclama en su escrito que sean Rodríguez, Fernández y la pareja de éste último, L.H.T. -a la que también acusan de encubridora y para quien demandan un año de prisión-, indemnicen al holding de forma solidaria con los 995.000 euros que aún están sin recuperar.
El juez, en su auto de apertura de juicio oral, fechado el pasado 26 de julio, requiere que, tal y como pide el grupo empresarial, se consigne una fianza de 1.326.667 euros «de forma conjunta y solidaria» entre los tres acusados con el fin de cubrir una posible responsabilidad civil. Pide también el juez que se creen «tres piezas separadas de responsabilidades pecuniarias». En el caso de que los encausados no dispongan del dinero suficiente para, entre los tres, crear un depósito de 1.326.667 euros, el juez pide que se les embarguen bienes hasta alcanzar esta cantidad.
Recurso
El abogado de Fernández y de su pareja, Fernando Pamos de la Hoz, considera que con esta decisión el juez Bretones se aleja de la tesis del Ministerio Público y hace suyas las consideraciones de Empresas Matutes, por lo que ha presentado un recurso contra el auto de apertura de juicio oral. «El encubrimiento [supuesto por el que está acusado Fernández por el Ministerio Público] es un delito contra la Administración de Justicia y en ningún caso supone ningún tipo de participación en el robo, y es por este motivo por el que el Ministerio Público no reclama ningún tipo de responsabilidad civil a mi cliente», explicó Pamos de la Hoz.
El letrado ha presentado, además, un segundo recurso contra el auto del juez Bretones, en ese caso por su decisión de pedir responsabilidades a la pareja de Fernández, a quien no acusa el Ministerio Público. Pamos de la Hoz considera que en el planteamiento del auto de apertura de juicio oral «se vulnera el derecho a conocer la acusación, que redunda directamente en el escrito de defensa» que el abogado habrá de presentar, una vez que se tome una decisión acerca de sus dos recursos.
En cuanto al relato de lo ocurrido la noche del robo, Fiscalía y acusación particular presentan en sus escritos el mismo relato. Ambas acusaciones consideran que el único autor del robo es Rodríguez, es decir, que nadie más participó ni en el planeamiento ni en la ejecución del mismo. Según este relato común, sobre las 21.15 horas del 26 de octubre de 2013, aprovechando su condición de residente en el edificio del Grupo de Empresas Matutes, Rodríguez entró en el inmueble y anuló la alarma del segundo piso, sirviéndose de un folio transparente. Después, accedió por la cornisa del patio interior del edificio de la segunda a la tercera planta, donde previamente había dejado abierta una ventana. Una vez en el tercer piso, de rodillas, se dirigió por el pasillo hasta el cuarto de las cajas fuertes. Llevaba un carrito o maleta con una botella de acetileno y un soplete que había adquirido por internet. A las 21.50 horas comenzó a cortar con el soplete una caja de caudales de dos metros de alto, un metro de ancho y 50 centímetros de profundidad, con puerta de doble hoja. Hizo un corte de 30 por 20 centímetros por el que extrajo los 2.767.000 euros, que se llevó a su casa a través del patio.
Entrega voluntaria del dinero
Las dos acusaciones señalan que puso 194.995 euros en un baúl que escondió en un terreno de su propiedad en Sant Llorenç. Este dinero lo entregó «voluntariamente» a los agentes de la Policía Nacional cuatro días después, el 1 de noviembre. En el maletero de su coche escondió 782.000 euros más, que también entregó de forma voluntaria a la Policía el 6 de noviembre. El mismo día del robo, apuntan las acusaciones, Rodríguez se puso en contacto con J.J. para pedirle ayuda con el fin de esconder el resto del dinero. «Conociendo que era de procedencia ilícita [J.J.] accedió a cogerlo y conjuntamente con su esposa lo ocultaron en dos cajas que enterraron en un solar próximo a su vivienda», señala la acusación particular. J.J., añade, «entregó voluntariamente las dos cajas, las cuales contenían 140.000 y 655.000 euros». «Ocultaron 995.000 euros no recuperados» y que reclama el Grupo Matutes.
