El ministerio público solicita una pena de tres años de cárcel para una empresaria y su encargado por la presunta comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con otro de lesiones por imprudencia grave. Este caso es consecuencia de un grave accidente laboral que sufrió el 31 de enero de 2014 un trabajador de la empresa Pompas Fúnebres en el cementerio de Sant Joan. El trabajador se cayó desde la parte superior de un andamio, una altura aproximada de 2,20 metros, y se golpeó en la espalda y la cabeza contra el suelo.
El trabajador sufrió heridas graves y quedó «en estado vegetativo persistente». Su abogado explicó ayer en el juicio que el operario, que tenía 53 años, falleció en abril pasado «a consecuencia de las heridas del accidente».
La vista oral se celebró ayer por la mañana en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza, cuya titular, Clara Ramírez de Arellano, no lo dejó visto para sentencia porque aún falta por escuchar el testimonio de un perito médico.
Según se explica en el escrito de acusación, el operario accidentado, que era oficial de mantenimiento, y un compañero, que era peón, recibieron la orden de llevar a cabo «la remodelación de una serie de nichos» que les llevó a trabajar a nivel de suelo, en un primer momento, y después en la zona de las tejas. El trabajador se subió en un andamio al que le faltaba la cruceta exterior y sobre el que se colocaron dos plataformas de 30 centímetros. El trabajador se subió a la plataforma superior y se cayó.
«En el momento del accidente las tareas realizadas [por los dos empleados] no eran las propias de su puesto de trabajo, sino las propias de los trabajos de construcción», señala la acusación.
