La Fiscalía pide tres años de prisión para un hombre (O.M.G, de 37 años) que alquiló un inmueble sin informar al arrendador de la existencia de un proceso de ejecución hipotecaria. El Ministerio fiscal le imputa al acusado un delito de estafa y, aparte de la pena de cárcel, pide una indemnización para el demandante de 14.100 euros. El juicio se celebrará el próximo martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

Según relata el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, los hechos ocurrieron el pasado 27 de julio de 2009. El acusado, O.M.G., celebró un contrato de alquiler con opción de compra sobre un inmueble situado en la calle Pablo Picasso, en Ibiza, por el cual el propietario lo arrendaba por 450 euros a A.M.R. Según el acuerdo, esta cantidad se restaría del precio de la vivienda si en el plazo de cinco años desde la firma del contrato el arrendatario ejercía su derecho de opción de compra sobre la misma, debiendo A.M.R. pagar 14.100 euros al acusado.

El acusado, «llevado por el ánimo de obtener un beneficio económico y a sabiendas que no podría cumplir el contrato que firmaba, no informó al arrendatario de la existencia de un proceso de ejecución hipotecaria sobre la citada finca (dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1), en el que se había decretado ya el despacho de ejecución por auto de junio de 2009». «Por lo que, ignorando esta circunstancia y llevado por creencia que la opción de compra podría ejercitarse llegado el momento, pagó el acusado la cantidad de 14.100 euros convenida en concepto de prima de opción», explica la Fiscalía en el escrito de acusación. Sin embargo, a pesar de este pago de 14.100 euros, el piso se adjudicó en subasta a su nuevo propietario el 24 de enero de 2011.

En el citado contrato intervino como intermediaria la empresa inmobiliaria Locland SLU, que, según afirma el Ministerio Público en su escrito de acusación, conocía las circunstancias descritas anteriormente y, «a sabiendas de ello y para obtener un beneficio económico, cobró al arrendatario la cantidad de 3.500 en concepto de comisión». La citada empresa y su representante legal se encuentran en paradero desconocido.

Por último, la Fiscalía considera que todos estos hechos son constitutivos de un delito de estafa.