La moratoria que limita a un máximo de 300 metros cuadrados el tamaño de las casas que se construyan en adelante en el campo, incluyendo anexos, salió ayer adelante con los votos del equipo de gobierno y el rechazo del PP. Los populares pasaron del «no está tan mal» inicial a oponerse ayer a una norma cautelar que vaticinan que provocará «el abandono del campo» y empobrece a los propietarios. Las dos valoraciones las hizo el mismo conseller, Mariano Juan.

La consellera de Territorio, Pepa Marí, invitó al PP a apoyar una moratoria «que regula y ordena, no prohíbe» y que, según recordó en varias ocasiones, «no les pareció tan mal» cuando Diario de Ibiza adelantó su contenido. Marí admitió que ha habido «un efecto llamada en los últimos meses» para pedir licencias, favorecido por quienes se han aprovechado de la incertidumbre «creando falsas expectativas».

La consellera lo definió de «espectáculo lamentable» y defendió la moratoria como una actuación «quirúrgica», con una serie de «medidas valientes». Admitió que habrá afectados, pero añadió que será «buena para la isla» y su futuro. De hecho, aseguró que representantes del sector le han hecho llegar «que es lo que el campo necesita».

También justificó la prohibición de edificar en suelo rústico forestal, además de en la Xarxa Natura, ANEI y rústico protegido, porque en Ibiza «nunca» se ha edificado en los bosques. Además de que aumenta el riesgo de incendio y complica su extinción. «Son cosas de sentido común, no medidas ideológicas» como denuncia el PP, dijo.Invita a participar

Marí invitó a los conservadores a proponer sus alegaciones a la norma pero también a participar en la futura revisión del PTI que Podemos querría que culminara con una consulta popular, según recordó la vicepresidenta, Viviana de Sans. De Sans, se congratuló por una moratoria «imprescindible» que es un «paso de gigante» para frenar la especulación en el suelo rústico. Recordó que en los últimos cuatro años la Ciotupha se ha visto obligada a dar licencia para 209 casas de campo, de las que 35 se levantaron en ANEI y el 49 por ciento eran mansiones de más de 400 metros cuadrados.

La socialista Marta Díaz, por su parte, denunció que «se construye para hacer negocio, no para vivir», algo a lo que pondrá coto la norma cautelar, y lamentó que cuando gobierna el PP «lo desprotege todo». Díaz cree que la norma acabará con las segregaciones especulativas e invitó al PP a sumarse a un cambio «histórico».

Por su parte, Mariano Juan lamentó que «ha faltado consenso y diálogo» y recordó que cada gobierno de izquierdas «ha aprobado su moratoria» que ha acabado generando un «efecto de péndulo» con un aumento de las peticiones de licencia, como asegura que ha ocurrido en esta legislatura. Y responsabilizó a PSOE y Podemos del actual boom de mansiones en el campo por los «mensajes hablando de crecimiento cero».

Pero el conservador fue más allá. Según él, los propietarios de fincas rurales tenían hasta ahora «un fondo de pensiones» con esos terrenos, por la posibilidad de vender parte de ellos para que alguien se hiciera su casa. «Les acaban de expropiar» ese fondo, aseguró. «Ahora lo tendrán que vender todo», dijo. «Ustedes lo que quieren dejar a nuestros hijos son fincas abandonadas sin ningún valor», insistió. Aparte del uso agrícola, en Ibiza, según dijo, en el campo «siempre ha habido la posibilidad de hacerse una casa», lo que sostuvo que ha impedido su despoblación.

Juan criticó también el límite de los 300 metros cuadrados, porque en una explotación agrícola, tras los almacenes y corrales, «no queda espacio para una vivienda». Señaló, además, que también el safareig para el riesgo «cuenta como ocupación» con un límite del 2%: «Esto lo esconden», dijo.

También le preocupa al conseller la norma del PTI que prohíbe vender una finca segregada en herencia de padres a hijos durante los primeros quince años cuando se haya beneficiado de una reducción en la parcela mínima para edificar. «Si es así, más vale que tengan el dinero porque nadie dará una hipoteca» en esas condiciones.