El Ministerio de Justicia ha emprendido una investigación sobre el funcionamiento del Juzgado de Violencia sobre la Mujer y ha abierto «dos expedientes disciplinarios contra funcionarios» a raíz de las dos denuncias que presentó en Ibiza Sara Calleja y que nunca llegaron a tramitarse, informó ayer la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, que viajó a la isla para anunciar las obras de la nueva sede judicial pitiusa en el edificio del antiguo colegio de Sa Graduada (ver páginas 3 y 4). Los expedientes no han concluido, y pueden hacerlo «con una estimación o desestimación», advirtió Roldán.
Justicia quiere conocer «el funcionamiento» del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Ibiza y «cuáles son las causas, si es que se ha producido alguna anomalía, que hayan podido generar un deficiente funcionamiento de la Administración de justicia».
La subsecretaria de Justicia no concretó a qué funcionarios se ha abierto expediente porque «se trata de una información reservada», pero avanzó que el TSJB «ha realizado una información hace poco y que próximamente el CGPJ hará otra» en referencia al funcionamiento de este juzgado ibicenco.
Sara Calleja (Ponferrada, 1963) se suicidó el 11 de julio, «un suicidio inducido» por su maltratador, el belga C.C., según el informe de la Policía Nacional. Presentó hasta 17 denuncias contra este hombre, que fue condenado en sentencia firme, las dos últimas en Ibiza. Sin embargo, estas dos denuncias, presentadas en comisaría y derivadas al Juzgado de Violencia, quedaron sin efecto. Ni siquiera fueron numeradas, porque fueron guardadas en la caja fuerte del juzgado. Las denuncias fueron por amenazas y acoso, ya que C.C., pese a tenerlo prohibido, continuó llamándola por teléfono y enviando mensajes por sms y a través de Facebook.
Roldán dijo que en la actualidad este juzgado ya funciona correctamente e informó también de que «ha habido un cambio en el reparto de los asuntos» con el fin de que no vuelva a producirse un hecho como el ocurrido con Sara Calleja. La subsecretaria también se refirió a «la complicada situación» que se registró en el juzgado porque «hubo bastantes bajas por incapacidad temporal».
«El Ministerio ha tomado medidas desde el mes de febrero y se llevó a cabo una información reservada por parte de la empresa Fremap [mutua especializada] que detectó la situación (...) de los recursos humanos [del Juzgado de Violencia] en un momento determinado», añadió. Llegó a haber «cinco funcionarios de baja y eso era disfuncional para el juzgado por lo que se adoptaron medidas de refuerzo», dijo Roldán. Tras las presiones recibidas desde el Consell de Ibiza, el TSJB decidió enviar un juez sustituto para cubrir la baja médica del titular, Juan Carlos Torres, también juez decano de Ibiza, algo que previamente no se había concedido.
El Parlament balear aprobó por unanimidad el pasado día 15 una proposición no de ley presentada por el Partido Popular por la que se instó al Ministerio de Justicia a promover una inspección en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Ibiza. Previamente, el PP presentó una moción con el mismo contenido en el Consell de Ibiza, proposición que fue rechazada por PSOE y Podemos con el argumento de que ya lo había solicitado el TSJB. Recientemente, el diputado balear del PP Miquel Jerez se reunió con el ministro de Justicia, Rafel Catalá, al que comunicó lo ocurrido con las denuncias de Sara Calleja y al que pidió una investigación. El juzgado ibicenco remitió la causa al de León, donde se presentaron la mayor parte de las denuncias, pero este la envió de vuelta. Por su parte, la familia de Sara Calleja mostró su desconfianza en el juzgado ibicenco. «Teniendo en cuenta cómo han ido han cosas en ese juzgado, tampoco nos da mucha confianza», manifestó Elio García, hijo de la víctima.
