El posicionamiento de los teléfonos móviles permitió a la Guardia Civil confirmar la coartada del marido de Rilma Liliana Velásquez, la mujer boliviana asesinada el pasado lunes en Sant Antoni. El hombre, que tiene antecedentes por malos tratos, fue detenido inicialmente como sospechoso, pero la información sobre la ubicación de sus teléfonos a la hora de los hechos, proporcionada por las operadoras, situaba al marido en Sant Josep y a su mujer en Sant Antoni.
Después de poner en libertad al único detenido, que no llegó siquiera a pasar a disposición judicial, la Guardia Civil comenzó a buscar a la última persona que habló con la víctima antes de su muerte, que podría ser un empresario y aún no ha sido localizado. Aparte de esta pista, los agentes siguen simultáneamente otras líneas de investigación sólidas, según fuentes próximas al caso.
Los investigadores se han entrevistado con las personas que compartían piso con la pareja, al menos dos, también de origen sudamericano, y con familiares y amigos. Ahora la búsqueda se centra en el empresario que pudo hablar antes del crimen con Velásquez.
Mientras tanto, el juzgado de instrucción 3 de Ibiza mantiene el secreto de sumario, por lo que apenas ha trascendido información oficial. No hay ninguna persona más detenida por ahora.
Fue el marido el que dio el aviso el lunes a las 21.30 horas, cuando descubrió el cadáver de su esposa en el domicilio en el que convivían. Velásquez había sido degollada y el cuerpo presentaba múltiples signos de violencia. Los agentes de Criminalística de la Guardia Civil realizaron un minucioso rastreo de la vivienda en busca de posibles pruebas.
Este diario habló ayer con varias asociaciones de sudamericanos y bolivianos pero ninguno de sus representantes aportó más información sobre Velásquez y su marido. En su perfil de la red social Facebook, la mujer solo tenía dos fotos capturadas en una zona de rocas junto al mar. La boliviana aseguraba que le gustaba esa imagen de la isla. La única información publicada se refiere a sus estudios en una escuela de La Paz (Bolivia) y a que residía en Sant Antoni y trabajaba en un hotel de la localidad.
El jueves los representantes políticos convocaron concentraciones de protesta contra el crimen, que parecía en un primer momento un caso de violencia machista, aunque ahora ha dado un giro que los investigadores tendrán que esclarecer.
