Los expertos y políticos que anteanoche analizaron en el Club Diario de Ibiza los problemas de la inserción laboral y social de los enfermos mentales coincidieron en considerar que, dependiendo del grado de afección de su enfermedad, este tipo de personas con discapacidad pueden ser perfectamente aptos para desarrollar numerosas tareas en la empresa privada, a pesar de que aún persista la creencia de que «es preferible un cojo a un loco», según la expresión usada repetidamente durante el coloquio para ejemplificar el estigma que aún padecen los enfermos mentales y su marginación frente a los discapacitados físicos.
La presidenta de la ONG Deforsam, organizadora del acto, María Furniet, afirmó que la Administración, que tiene la obligación legal de incluir a un 5 por ciento de discapacitados –físicos o psíquicos– en su plantilla, «prefiere antes a un discapacitado físico que a uno psíquico».
La consellera de Asuntos Sociales del Consell, Patricia Abascal, afirmó que dicha institución cumple con la obligación de contratar el 5 por ciento de personal discapacitado –ahora hay unos 40 en la plantilla del Consell, aseguró–, aunque algunos miembros del público aseguraron que casi todos son discapacitados físicos. Abascal aseguró que también los hay de tipo psíquico.
En todo caso, tanto Abascal como el concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ibiza, Enrique Sánchez, consideraron que es más difícil la integración de este colectivo en el mundo de la empresa privada, pues la ley actualmente sólo exige un porcentaje de trabajadores con discapacidad a partir de un elevado número de empleados. «Si un discapacitado psíquico está estabilizado, puede rendir igual que uno físico, aunque seguramente necesitará una ayuda mayor», afirmó el psiquiatra Carlos Caballero. Todo dependerá, matizó Patricia Abascal, «del grado de discapacidad en cada caso».
El concejal Enrique Sánchez opinó que lo idóneo sería que «los contratos de limpieza de playas, por ejemplo, no fueran solo para empresas como FCC, sino que también se pudieran adjudicar a Deforsam o a Deixalles», pues son trabajos que pueden desarrollar estas personas.
El psiquiatra Carlos Caballero, que trabaja en la Unidad de Salud Mental de Ibiza, admitió la necesidad de recuperar el servicio de psicoeducación, «que se desarrolló en su momento, pero se dejó y no se ha retomado, a pesar de que es fundamental».
