VPO en las Pitiusas: buena arquitectura, malas cuentas

El pasado viernes, la sede de nuestra demarcación acogió la tercera conferencia del ciclo sobre la vivienda que estamos impulsando desde la demarcación del COAIB. En esta ocasión, contamos con la presencia de Laura Estruch y Lluís Martorell, quienes nos demostraron, a través de proyectos como los realizados en Inca o el que actualmente se ejecuta en Isidor Macabich, una premisa fundamental: la Vivienda de Protección Oficial es, y debe ser, sinónimo de arquitectura de calidad.

Históricamente, la VPO ha arrastrado el estigma injusto de ser considerada una vivienda de «segunda categoría», asociada erróneamente a la precariedad o a la creación de barrios pobres. La realidad es muy distinta y debemos ser tajantes al respecto: tanto las VPO como las Viviendas de Precio Limitado son, pura y exclusivamente, hogares cuyo precio ha sido tasado para frenar la especulación, garantizando que cumplan su verdadera función social. Su diseño no solo se integra a la perfección en nuestro entorno, sino que dignifica el espacio urbano.

Sin embargo, tras la buena arquitectura se esconde un muro contra el que chocan las buenas intenciones. A día de hoy, el volumen de visado y ejecución de proyectos de VPO/VPL en Ibiza y Formentera es puramente anecdótico en comparación con el total de la obra privada.

Tenemos un caso paradigmático y doloroso: la promoción de Sant Ferran, en Formentera. Proyecto que lleva tiempo paralizado, con licitaciones que quedan desiertas porque nadie está dispuesto a asumirla. Y el motivo no es un misterio, es pura matemática.

Nuestras islas sufren un sobrecoste de construcción no sólo especulativo. El alto precio de los materiales derivado de la doble insularidad, la continua falta de mano de obra especializada y el precio desorbitado del suelo hacen que, cuando se echan los números, ejecutar una VPO sea económicamente inviable. Si el precio de venta o alquiler está limitado por ley, pero los costes de construcción están disparados por la realidad del mercado insular, las cuentas no salen.

No podemos permitir que una de las salidas al problema más grave que sufren Ibiza y Formentera se vea estrangulada por su propia inviabilidad económica.

La solución existe, pero exige pragmatismo y voluntad política. Si queremos que el promotor privado participe en la creación de vivienda asequible —algo indispensable si queremos volumen y agilidad—, las administraciones deben buscar fórmulas que lo incentiven. Hablamos de incentivos fiscales reales, de agilización extrema en las licencias y de facilidades que hagan atractivo el desarrollo de este tipo de proyectos.

Fomentemos la VPO de forma realista. Tengamos claro que hacer un proyecto «interesante de desarrollar» no significa regalar beneficios extraordinarios o especulativos al promotor, significa entender que ninguna empresa va a pagar por el privilegio de trabajar.

Proteger el derecho a la vivienda en nuestras islas exige ir mucho más allá de los buenos propósitos. Necesitamos un marco realista donde construir vivienda asequible y de calidad deje de ser una heroicidad financiera para convertirse, por fin, en norma.

Lluís Oliva i Munar es presidente de la Demarcació d’Eivissa i Formentera, Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears