Opinión | Tribuna
Libertad de prensa
Cuando se allana el camino para acotar la práctica periodística, obviando que ya está regulada y que el límite es el que marca el código penal, es lícito pensar que las razones son espurias
La situación de la libertad de prensa es muy grave en 31 países del mundo, difícil en otros 42 y problemática en 55 más. Apenas en medio centenar de estados se puede considerar buena o bastante buena, según el informe que Reporteros sin Fronteras publica cada 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. España es uno de esos pocos países del planeta en que ser periodista no comporta un riesgo físico, pero no estamos vacunados contra la espiral de desinformación, las noticias falsas o los ataques del poder político a los medios de comunicación y a los profesionales.
En este contexto, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) aprobó este jueves la Declaración de Talavera de la Reina, en la que hace un llamamiento para «terminar con la crispación generada por la polarización política y la desinformación que emana de ella». Además, exige a los «grupos políticos» que acaben «con la crispación que reflejan en sus actuaciones y declaraciones y, asimismo, terminen los ataques a la prensa y a los periodistas para acallar las voces críticas». También advierte del «peligro» que supone para la sociedad en su conjunto la divulgación de «discursos de odio» y por ello reclaman a los partidos e instituciones «que hagan siempre información veraz desde sus gabinetes de comunicación y no difundan noticias falsas o manipuladas en función de sus intereses».
Hacer frente a las campañas de desinformación y a las fake news son los retos más importantes que tenemos como sociedad en su conjunto, y especialmente los periodistas, pero hay que tener cuidado de no confundir estas prácticas con la necesaria fiscalización que los medios de comunicación debemos hacer del poder. No toda crítica es desinformación, no toda denuncia es fake news. Hay que alertar de los intentos por parte de algunos poderes públicos de meter todo en el mismo saco con el único objetivo de desvirtuar el trabajo de los periodistas independientes a ojos de la audiencia.
Cuando las denuncias de prácticas irregulares en los medios de comunicación se hacen de forma genérica, es lícito sospechar que lo que se pretende es acallar las voces críticas. Cuando se allana el camino para acotar la práctica periodística, obviando que ya está regulada y que el límite es el que marca el código penal, también podemos pensar que las razones son espurias. La FAPE advertía este jueves de que «sin periodismo, no hay democracia». Preservémoslo.n
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