¿Dónde deben ir los residuos en la isla de Ibiza?

En los últimos días han aparecido diferentes noticias y artículos en la prensa local ibicenca sobre el asunto del tratamiento y eliminación de residuos, y la mejor forma de hacerlo. Es un tema muy importante, desde los puntos de vista medioambiental, de salud pública, de civismo, económico y otros. Vamos a intentar hablar de ello con una cierta profundidad.

La sociedad civil de Ibiza hace ya un cierto tiempo que ha mostrado su gran preocupación sobre este asunto, y se ha agrupado formando una asociación llamada ‘Plataforma de los afectados por el vertedero de Ibiza’, la cual se presentó públicamente, y se ha dado a conocer a las autoridades ibicencas. No tiene ninguna ideología política, y agrupa a personas y entidades cuya única preocupación es ayudar a llegar a una solución lo más eficaz posible, al amparo de los diversos informes técnicos que se puedan recabar. De hecho, diversos representantes de aquella ya se han entrevistado al efecto con todos los partidos políticos insulares, y entidades sociales diversas, así como con el Consell d’Eivissa, y todos los ayuntamientos de la isla. Asimismo, el pasado día 22 de enero, la misma se reunió con el presidente del Consell Insular d’Eivissa, órgano éste de gobierno de la isla, que estaba acompañado por su consejero de Medio Ambiente y con técnicos de este departamento. En esta reunión, que no era la primera, se le entregó al presidente Vicent Marí un ejemplar del informe técnico, redactado por una empresa especializada en medio ambiente y contratada por la Plataforma, sobre la gestión global del tratamiento de residuos en nuestra isla, y también sobre el funcionamiento de su vertedero, acorde a la nueva legislación aplicable. El responsable de esta empresa asistió a esta reunión y explicó su informe, de viva voz, a los responsables insulares, quienes pudieron hacerle preguntas sobre el mismo. También en esta reunión el presidente Marí adquirió el compromiso oral de convocar un concurso para que, a la mayor brevedad, pueda redactarse el pliego de condiciones para poder convocar posteriormente un concurso entre las diversas empresas consultoras especializadas en estos asuntos medioambientales, que analice en profundidad y con objetividad los métodos y las instalaciones actuales de tratamiento de residuos de la isla, y concluya aconsejando el mejor sistema técnico posible para efectuar estos trabajos por un siguiente largo periodo de tiempo. Cabe esperar que este compromiso se lleve a cabo con urgencia, transparencia, objetividad y eficacia.

En la referida reunión del pasado 22 de enero, los responsables políticos insulares no hicieron mención a la convocatoria por ellos mismos, pocos días después, de una jornada técnica a realizar en el Consell justo un mes después, el 22 de febrero. En esta jornada intervinieron diferentes técnicos invitados de diferentes lugares de la península Ibérica, sorprendiendo la correspondiente a un territorio no sujeto a la normativa europea, pero lo más sorprendente es que no se invitó a ninguno que estuviera trabajando en una isla semejante a la nuestra (con 572 km2 de superficie, 156.000 habitantes empadronados, y unos 500.000 habitantes en verano) y que, por lo tanto, pudiera aportar experiencias exitosas en la gestión de todos los residuos generados por los humanos (basuras orgánicas, restos de poda, plásticos, vidrio, papel y cartón, lodos producidos por las estaciones depuradoras de aguas y las desaladoras, aceites domésticos e industriales, aguas negras residuales  -evitación de que lleguen al mar o a los acuíferos subterráneos- y otros). Sus conclusiones parece que fueron más en la línea de apoyar una determinada línea de acción previamente adoptada, que no ayudar a encontrar luz para adoptar una decisión importante sobre la gestión de residuos, y su tratamiento. Señalar asimismo, que el representante de Galicia que intervino en la jornada técnica manifestó que, en su tierra, para aprovechar la economía de escala, tienen una única planta de valoración energética (incineradora), capaz para tratar 800.000 toneladas/año, y que recibe todos los residuos de la fracción de rechazo de toda la Comunidad Autónoma, las cuales llegan a la misma en trenes y camiones desde todas las estaciones de transferencia.

En la referida jornada técnica tampoco tuvo cabida ningún comentario sobre el informe publicado una semana antes, el 15 de febrero, por el Center for Climate Integrity, el ‘The fraud of plastic recycling”’ en el cual se afirma que los productores de plástico engañaron premeditadamente al público, y a las administraciones públicas, durante más de treinta años, sobre la reciclabilidad de estos materiales, de que el reciclado mecánico del plástico no era una solución viable, ni técnica ni económicamente; la amplia gama de materiales plásticos limita técnicamente su posibilidad de reciclaje, por la toxicidad de los mismos y por el elevado coste de los procesos e instalaciones de producción de plásticos reciclados (es más barato fabricar plástico virgen, que reciclar otro usado). Ver, al efecto, entre otros, el artículo publicado en El País del 21-2-2024, en donde se refleja que la tasa de reciclaje de residuos urbanos en el 2022, en España fue del 37%, siendo la media de la UE del 49%, y la de países como Alemania fue del 68%.

Asimismo, y por otra parte, hay que considerar que la regulación estatal de la gestión y prevención de residuos está en la Ley nº 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados, hoy vigente (BOE de 9-4-2022). En ella se deroga expresamente la Ley 22/2011, de 28 de julio, que regulaba antes en España la gestión de residuos. Sin embargo, en el ‘Plan Director Sectorial de Prevención y Gestión de Residuos no peligrosos de la isla de Ibiza”’ de junio-2020, que consta en la web de la UTE Giref Ibiza, -www.areaambientalcanaputxa.es - (unión temporal de empresas formada por las siguientes: Herbusa -www.herbusa.es-, PreZero -www.prezero.es-, FCC -Fomento de Construcciones y Contratas, www.fcc.es- y Urbaser -www.urbaser.com-) empresa ésta que tiene adjudicado por el Consell Insular d’Eivissa, los proyectos, construcción y gestión de la planta única de la isla de Ibiza, o vertedero de Ca na Putxa, para el tratamiento de residuos (basuras), consta que su redacción se basa en la derogada Ley 22/2011. En el referido Plan Director consta también, en su anexo I, como norma básica que lo regula, la citada y derogada Ley 22/2011; y en su anexo V, prevé el “proceso de participación” en el mismo, que contempla la existencia de un órgano de revisión del referido Plan, consistente en una Comisión Técnica que debe convocar al efecto el Consell Insular d’Eivissa. Sin embargo, no consta que este órgano haya sido convocado al efecto, a pesar de que la Ley 7/2022 lleva casi dos años en vigor, y a pesar también de que la misma web del Consell dice textualmente que “la transparencia es uno de los principios fundamentales que ha de presidir la actuación de los poderes públicos”.

Por otra parte, en un reciente artículo de opinión publicado en la prensa local ibicenca, su autor se pronuncia en contra de que la alternativa al actual vertedero de Ca na Putxa, cuya vida útil se cerrará antes del año 2030, sea el transporte de basuras a la incineradora de Mallorca, o a otra. Los datos que aporta no se sustentan en ningún informe técnico elaborado por técnicos experimentados, cualificados para ello. Hay que repetir una vez más que la decisión sobre este asunto debe sustentarse en al menos un informe técnico, en que contemplen también experiencias que hayan salido bien, llevadas a cabo en alguna isla de características semejantes a la de Ibiza. Es evidente que la decisión no es simplista, es decir, si debe incinerarse, o no, el excedente de basuras que, acorde a la ley, deba hacerse así. Que habrá que incinerar basuras, es seguro que sí, pero las preguntas previas a hacerse son: “cuánta” y “dónde”. Para responder a la primera pregunta, habrá que hacer una recogida selectiva completa, y su tratamiento, para disminuir la cantidad final de basuras a incinerar, y para ello es necesaria una acción coordinada y responsable tanto del Consell d’Eivissa como de los cinco ayuntamientos de la isla; consecuentemente, deben implicarse todas las fuerzas políticas insulares, tanto las que tienen hoy responsabilidades de gobierno como aquellas que actualmente están en la oposición. Para responder a la segunda, el planteamiento debe ser valorar justificadamente y decidirlo, si es mejor quemar aquel excedente de basuras en una planta al efecto, ya existente, y que tiene capacidad sobrada para acoger ese excedente de basuras de nuestra isla, o es preciso montar una nueva planta, en algún punto de la isla de Ibiza (no tiene por qué ser en la zona del actual vertedero único de la isla; recordemos que en ella hay más de cincuenta canteras cerradas y que, supuestamente, en alguna de ellas se podría ubicar esa hipotética nueva incineradora), con un coste de instalación de entre 150 y 200 millones (aparte las inversiones añadidas para mantenimiento y explotación de la misma; señalar que esta inversión inicial equivaldría aproximadamente a 1,5 veces el presupuesto total del Consell d’Eivissa para este año 2024, que es de unos 133 millones). El transporte de basuras por mar es una realidad en muchos puntos del planeta. Actualmente, se transportan basuras con camiones en barcos, que salen de Formentera con destino a Ca na Putxa en Ibiza, corriendo el coste de este transporte a cargo de los presupuestos del Gobierno de España. De semejante forma se puede hacer, planificándolo bien y dotándolo de la infraestructura necesaria, entre nuestra isla y la de Mallorca, o a otro punto de la Península. Si acudimos a la hemeroteca encontraremos noticias publicadas en la prensa balear de hace diez años en las cuales se refleja que los equipos de gobierno insulares de entonces desaprovecharon el ofrecimiento de incinerar los excedentes de basuras en la incineradora de Mallorca, la cual, para rentabilizarla, llegó a importar basuras desde Irlanda e Italia, transportadas en barco hasta ella (ver diario El Mundo de 26-2-2015, y otros). La incineradora de Mallorca (planta de valoración energética, de Tirme), en servicio desde el 2009, y con una capacidad anual inicial de 416.000 toneladas/año, ampliada en 2011 hasta las 700.000 toneladas/año, se encuentra situada en la zona de Son Reus, a 49 km al norte de Palma.

En consecuencia, urge que el Consell Insular d’Eivissa haga los trámites pertinentes para poder conseguir tener al menos un informe técnico sobre este asunto, emitido por empresa consultora de prestigio, e independiente, que incluya en esa valoración todas las opciones posibles, con sus correspondientes costos (de instalación y de funcionamiento), y las consecuencias económicas para los habitantes de Ibiza en todos los casos, y en base a él, se elija el mejor sistema para preservar el medio ambiente, la salud de los residentes en nuestra isla, el buen funcionamiento del servicio sin perjudicar a terceros, y todo ello a un costo asumible por todos los implicados. 

Josep Francesc Marí Cardona | Plataforma de afectados por el vertedero de Ibiza

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